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martes, 29 de enero de 2013
viernes, 9 de noviembre de 2012
MÁS DESAHUCIÓS ,MÁS MUERTES.PROSIGUE LA GUERRA
Una mujer se arroja al vacío cuando la iban a desalojar de su casa en Barakaldo
La mujer, de 53 años, ha muerto casi en el acto
La fallecida, exedil socialista en Eibar, era esposa del exconcejal del PSE de Barakaldo José Manuel Asensio
Es la segunda muerte relacionada con una ejecución hipotecaria en las últimas tres semanas
El juez decano de Barakaldo pide un cambio legal
Javier Rivas Barakaldo 9 NOV 2012 - 15:34 CET
Amaya Egaña, una mujer de 53 años, ha fallecido esta mañana al arrojarse al vacío desde el balcón de su vivienda en Barakaldo (Bizkaia) cuando iba a ser desahuciada. Los primeros datos de la invstigación apuntan a que se ha encaramado a una silla y se ha lanzado desde el balcón a una zona ajardinada sita junto al edificio, de seis plantas.
Aunque no ha fallecido en el acto, los servicios sanitarios que se han desplazado casi de inmediato al lugar no han podido hacer nada por salvarla.
La fallecida, quien trabajaba en las instalaciones de Bizkaibus (el servicio interurbano de autobuses) del barrio baracaldes de Burtzeña, era esposa del exconcejal del PSE de Barakaldo José Manuel Asensio, y tenía un hijo de 21 años. La Ertzaintza y la DYA, el servicio de emergencias, han tenido que atender al marido de una crisis nerviosa en el mismo lugar. Egaña, también militante socialista, fue concejal de la localidad guipuzcoana de Eibar durante año y medio en los primeros ochenta, cuando entró en el consistorio en sustitución de un compañero.
"Destrozado por la muerte de una amiga. Los desahucios se están convirtiendo en la cara más cruel de la crisis", ha escrito en su cuenta de Twitter el lehendakari en funciones, Patxi López, quien conocía personalmente desde hace tiempo tanto a la fallecida como a su esposo.
Los hechos se han producido sobre las nueve y veinte de la mañana, en el número 11 de la calle de Escuela de Artes y Oficios, en Barakaldo. El barrio es una zona de inmuebles construidos en la última década en antiguos terrenos industriales que fueron recuperados gracias al programa Urban de la UE
La víctima no había pedido ayuda a Stop Desahucios, según ha confirmado su coordinadora en Bizkaia, Marta Uriarte. A los vecinos tampoco les constaba la situación que vivía la familia. Uno de ellos, Santi, excompañero de trabajo del viudo en Construcciones Navales del Norte, ha asegurado que desconocía que tuvieran problemas.
El juez de guardia, Juan Carlos Mediavilla, encargado del levantamiento del cadáver y las primeras diligencias, quien es además juez decano de Barakaldo, ha pedido un cambio legal en la normativa hipotecaria para que no se repitan desgracias como esta. El alcalde de Barakaldo, el socialista Tontxu Rodríguez, acompañado de varios concejales de la localidad vizcaína, ha acudido al lugar.
En los seis primeros meses del año han sido desahuciadas de sus casas 137 familias baracaldesas, según asociaciones vecinales y grupos sociales de la localidad.
Esta es la segunda muerte conocida vinculada a un desahucio que se produce en las últimas semanas. El pasado 26 de octubre un hombre de 53 años, que llevaba en paro desde hace alrededor de cuatro años, también se arrojó por la ventana de su vivienda en Burjassot (Valencia), aunque sobrevivió y actualmente se encuentra estable.
Un día antes, José Miguel Domingo, de 53 años, fue hallado muerto en el patio interior de su domicilio, en el barrio de la Chana en Granada. Poco después, aparecieron en la vivienda los agentes que iban a desalojarlo.
martes, 2 de octubre de 2012
NUEVO RÉCORD DE DESAHUCIOS
Nuevo récord de desahucios: 526 diarios en el segundo trimestre de 2012
La dación en pago voluntaria aprobada por el Gobierno en marzo no sólo no reduce sino que aumenta el número de desalojos acordados por los jueces
La crisis se sigue cebando con los más débiles. El segundo trimestre de 2012 ha marcado un nuevo récord de desahucios de viviendas y locales dictados por los juzgados españoles, con un total de 47.943, lo que arroja una media diaria de 526 desalojos forzosos entre el 1 de abril y el 30 de junio, según los datos oficiales publicados por el Consejo General del Poder Judicial.
Este récord se ha registrado en el primer periodo estadístico computado tras la vigencia del decreto-ley del Gobierno que establece la dación en pago, en casos extremos de riesgo de exclusión social y siempre que lo acepten los bancos, para saldar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda. El efecto de la nueva regulación, que entró en vigor el pasado 10 de marzo, ha sido de momento el incremento de los desahucios.
En relación al primer trimestre de este año, que ya fue récord, el aumento ha sido del 3,8 por ciento en el número de desalojos, pasando de 46.559 a 47.943. Es decir, que en los seis primeros meses de este año la cifra de desalojos forzosos de viviendas y locales por orden judicial se ha disparado hasta los 94.502. Ello incluye los desahucios acordados tanto por los servicios judiciales comunes de actos de ejecución, como por los juzgados de Primera Instancia.
Por comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid están a la cabeza en desahucios acordados en el segundo trimestre del año, con 9.304, 8.613, 7.984 y 6.636, respectivamente. En Canarias, se produjeron 2.423; en Castilla y León, 1.992; en Baleares, 1.740; en Castilla-La Mancha, 1.402; y en el País Vasco, 1.231. Las autonomías con menor tasa de desahucios en ese periodo son Navarra, con 278, y La Rioja, con 189.
El Consejo General del Poder Judicial comenzó a ofrecer estadísticas completas de desahucios a partir del primer trimestre de este año, ya que hasta esa fecha sólo incluía los acordados por los servicios comunes de ejecuciones de los tribunales superiores de justicia, pero no los decretados por los juzgados de Primera Instancia. En relación a los servicios cómunes, la tasa de desahucios fue incrementándose exponencialmente desde el inicio de la crisis económica, y con mayor relieve desde 2010, con más de 10.000 desalojos por trimestre.
En total, desde julio de 2008, cuando se desató la crisis, los juzgados españoles han acordado247.188 desalojos forzosos de viviendas y locales, según los datos contabilizados por el Consejo del Poder Judicial, que no incluyen los desahucios dictados por los juzgados de Primera Instancia antes de 2012. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que tiene en cuenta que estos últimos juzgados han dictado la mayoría de los desahucios frente a los servicios comunes de los juzgados, el número total de desahucios desde 2008 supera ampliamente los 400.000.
Las diligencias de desahucio --conocidas técnicamente como lanzamientos-- son aquellas en las que la comisión judicial obliga, por la fuerza, al desalojo o desposesión de la propiedad. La estadística incluye desde locales a naves industriales, pero sobre todo viviendas, a cuyo alquiler o hipoteca no pueden hacer frente las familias afectadas.
Aumentan las ejecuciones hipotecarias, las demandas por despido y los concursos
En el segundo trimestre de 2012 tampoco han sido buenos los datos de ejecuciones hipotecarias, concursos de acreedoers, y demandas por despido. De abril a junio, los juzgados acordaron 23.421 ejecuciones de hipoteca, que se inician a raíz del impago de las cuotas correspondientes al banco. Supone un aumento del 14,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2011, aunque ha bajado respecto al primer trimestre del año, en que hubo 24.792.
El resto del capítulo estadístico del Consejo del Poder Judicial llamado "el efecto de la crisis en los juzgados" tampoco es más halagüeño. En el segundo trimestre del año se registraron 37.243 demandas por despido --un 30,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2011--, y una cifra sólo superada históricamente en el primer trimestre de 2009. Además, se declararon 2.666 concursos de acreedores, un incremento del 35,3 por ciento sobre el trimestre igual del año pasado.
viernes, 4 de mayo de 2012
DACIÓN EN PAGO
Los afectados por la hipoteca claman por la dación en pago
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) recoge firmas para su Iniciativa Legislativa Popular y exige acuerdos de alquileres sociales para frenar los desahucios
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó ayer en Málaga el texto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que quiere llevar al Congreso mediante la recogida de 500.000 firmas ciudadanas en toda España, y que plantea como medida estrella la dación en pago retroactiva como medida obligatoria para los bancos. Además, también se reclama la paralización inmediata de los desahucios y se exige a los bancos que acuerden un alquiler social con el afectado por un periodo de 5 años desde la fecha de adjudicación y con una renta mensual no superior al 30% de sus ingresos.
En una asamblea celebrada en el Centro Cívico y a la que acudieron más de un centenar de afectados, la abogada de la PAH en Málaga, Sara Vázquez, recordó la dramática situación que sufren las miles de familias que se han quedado sin hogar por la imposibilidad de hacer frente a su hipoteca, tras haberse quedado alguno de sus miembros (o todos ellos) en el paro.
Unos 68 propietarios de viviendas en Málaga son desalojados de sus casas cada semana, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y la estadística revela que el problema no sólo no remite sino que va en aumento. En Málaga, la cifra de lanzamientos judiciales –como se conoce técnicamente al desalojo de la vivienda por orden del juez – ascendió en 2011 a 3.280 casos, con una subida del 35% sobre el año anterior. Los lanzamientos han subido un 224% con la crisis. En 20088 sólo hubo 1.010 de estos casos.
Por otro lado, el dato de ejecuciones hipotecarias de 2011 en Málaga –cuando la entidad financiera reclama todo el importe del préstamo hipotecario al propietario que ha dejado de pagar–, sigue estando a niveles altísimos, más del triple que los 1.140 casos de 2007.
Una verdadera pesadilla. Vázquez detalló la pesadilla a la que se enfrentan los que dejan de pagar la hipoteca. A los tres o cuatro meses de recibos acumulados sin pagar, el banco pone en situación de mora al cliente. El afectado puede tratar de negociar un periodo de carencia, aunque debe ser consciente de que al final terminará pagando más en intereses. También el banco puede negarse a negociar y poner la correspondiente demanda ante el juez solicitando la ejecución hipotecaria.
El cliente se ve entonces abocado a asistir a la subasta de su piso en un plazo de siete u ocho meses, aunque aquí viene lo peor: el banco suele sacar con la subasta sólo un 60% del precio de tasación con lo que el hipotecado, además de perder su vivienda, le sigue debiendo a la entidad el 40% del importe total (ese punto es que el se quiere evitar con la dación en pago, para que la deuda quede saldada completamente con la entrega del inmueble). Finalmente, tras la subasta, se produce en un plazo de 30 días el lanzamiento de la vivienda.
Según Vázquez, se están dando incluso casos de vía extrajudicial por la que el banco subasta el piso a un coste nimio reclamando toda la deuda al cliente.
A la asamblea asistió el Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, Francisco Gutiérrez, que apoyó las peticiones de la PAH. «Nos parece impresentable que España sea el único país occidental que no contempla la dación en pago. El año pasado se aprobó un decreto fomentado esta iniciativa, pero se deja a la buena voluntad de los bancos, y debe ser algo obligatorio», apuntó. Gutiérrez afirmó que la enorme cifra de viviendas vacías propiciada por los desahucios no es tampoco un negocio para las entidades, por lo que urgió una solución a este problema social.
«Hay que buscar salidas razonables. Una familia afectada por el paro no es capaz de pagar 800 euros de hipoteca pero sí podría pagar 300 de un alquiler. Tratemos entonces de hacer alquileres sociales para esos casos. El banco se queda el piso pero la familia sigue como inquilina», comentó. Su oficina ha mediado ya en varios acuerdos de alquiler con opción a compra, salvando a la familia del desahucio.
«Lo de los bancos es demencial». José Manuel González trabaja como autónomo, pero su sueldo, con la crisis, no le da para pagar la hipoteca, de la que aún debe 228.000 euros, y vivir. Negocia un periodo de carencia pero no está seguro de obtenerlo. Con dos hijas, se teme lo peor por lo que ya está arreglando la casa de sus padres en Churriana por si pierde su piso. «Esto es demencial. Los bancos te exprimen sin alternativas».
«Esto nos puede pasar a todos». Sergio Delgado está en la peor situación. Espera un inminente desahucio este mismo mes que sólo podrá evitar con un acuerdo extremo con el banco. Tenía una empresa pero tuvo que cerrar y no pudo hacer frente a la hipoteca. Con dos hijas, vive una situación límite. «No se trata de una cuestión de clases. Nos puede pasar a cualquiera; necesitamos una solución», explica en apoyo de la PAH.
«Logré la dación; es un privilegio». Valentina Slipchenko, ucraniana residente en Málaga, vuelve a sonreír tras meses de angustia. Su banco ha aceptado la dación en pago de su vivienda. Trabajadora de hostelería, se quedó en paro en 2010 sin poder hacer frente a la cuota mensual de 770 euros. Con el acuerdo sólo tendrá que pagar 6.000 euros al banco en cómodos plazos mensuales. Ahora vive de alquiler. «Me siendo una privilegiada; había perdido hasta las ganas de vivir», apunta.
«Hay que luchar con el banco». Vivía en una casa de Alhaurín de la Torre con una hipoteca de 120.000 euros pero la crisis hundió su negocio, una cafetería, y comenzó a pasarlo mal. Francisco Martín se queja de las prácticas bancarias y de los años en que estuvo pagando altísimos intereses sin amortizar capital. Afortunadamente, logró la dación en pago con la ayuda de la PAH. «Hay que luchar con el banco. Una y otra vez», dice. Ahora vive de alquiler y asesora a otros afectados.
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