REPORTAJE EN EL DIARIO EL MUNDO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL VIH EN PRISIÓN.

SALUD PÚBLICA Intervención en prisiones

VIH en la cárcel: lo que sí hizo bien España

• En 20 años, la prevalencia del VIH en este entorno ha caído del 40% al 10,8%

• Medidas como repartir jeringuillas entre reclusos drogodependientes fueron claves

• AINHOA IRIBERRI

MadridActualizado: 24/11/2014 05:01 horas

Vista del Centro Penitenciario de Nanclares de Oca. CARLOS GARCÍA POZO

Afinales de la década de 1980, los usuarios de drogas por vía parenteral no eran tales; eran yonquis, tanto en el lenguaje popular como en muchos periódicos. Lo demuestra un ejemplo de una noticia proyectada por Daniel Zulaika en el IV Encuentro de Salud Pública que, con el título Éxito y retos de las Políticas Sanitarias de VIH /sidase celebró la semana pasada en Madrid.

Ante el estigma de esa palabra, es lógico pensar que una medida como repartir jeringuillas nuevas a los drogodependientes internos en prisiones españolas no fue bien recibida por muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, algo tan sencillo como eso fue una de las claves de uno de los mayores éxitos de la lucha española contra el sida: el radical descenso de seropositivos en las cárceles españolas.

Según datos del estudio Prevalhep, la prevalencia de la infección por VIH en España en población penitenciaria en los últimos 20 años ha bajado del 40% al 10,8%, una caída que no puede sino calificarse de espectacular y por la que se felicitaron la mayoría de los participantes en la jornada, casi todos históricos en el manejo de la pandemia del sida en España, caracterizada por una elevadísima prevalencia de la enfermedad en usuarios de drogas inyectables, un patrón muy distinto al observado en la actualidad.

El moderador de la mesa redonda Salud pública penitenciaria ante el VIH / sida, Jordi Casabona, director científico del Centro d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/SIDA de Cataluña, lo dijo claro: la población penitenciaria acumula factores que favorecen la propagación del VIH, desde el ya mencionado uso de drogas por vía parenteral hasta la alta prevalencia de problemas de salud mental.

El subdirector general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo Cobo, incidió también en esa idea, pero fue más allá. "En la cárcel no se acaba nuestro trabajo, que debe enlazar con los servicios de la comunidad que van a necesitar los seropositivos internos una vez que salgan de prisión".

Además de destacar el programa de intercambio de jeringuillas, Arroyo mencionó los programas con metadona, que sirvieron también para reducir la tasa de este tipo de drogodependientes y la transmisión del VIH en prisiones.

El responsable del área de Sanidad de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña, Rafael Guerrero, habló de otras bondades de la situación actual del vih /sida en las cárceles. Aunque, a su juicio, "se llegó algo tarde" al programa de intercambio de jeringuillas, destacó el éxito de esta medida de contención, a la que añadió la educación e información sanitaria. Algo más crítico que el resto de los ponentes, Guerrero opinó que "no se sabe" qué pasa con los seropositivos una vez que salen de prisión, para lo que sería clave "una historia clínica compartida".

El actual coordinador del Plan de Sida e ITS del Gobierno Vasco, Daniel Zulaika, destacó que la sanidad penitenciaria es "de manejo complejo" y explicó cómo el País Vasco se había inspirado en Cataluña pero, sobre todo, en Reino Unido, para implementar su programa de contención de riesgos. "Se trata de convertir el centro penitenciario en un centro de atención primaria", destacó y subrayó la integración de la historia clínica electrónica y otras herramientas informáticas como claves del éxito en la reducción de seropositivos presos.

LA VIDA DESATENTA TEASER

POR UNA VIDA DIGNA PARA FÁTIMA EL HACHIMI

Fati es una joven marroquí de 26 años enferma de Crohn. Fátima necesita regularizar su situación en España con un trabajo ante el temor a perder las prestaciones sanitarias que tiene en España. Su historia es la de una incansable luchadora que intenta superar su enfermedad e integrarse en la sociedad que la ha acogido

http://sosfati.blogspot.com.es/

GUÍA PARA NO PAGAR EL EURO POR RECETA.IGUAL HASTA FUNCIONA

LA MAMANDURRIA SANITARIA O CÓMO EXTERMINAR INMIGRANTES SIN MANCHARSE LAS MANOS DE SANGRE

LA MAMANDURRIA SANITARIA O CÓMO EXTERMINAR INMIGRANTES SIN MANCHARSE LAS MANOS DE SANGRE

Artículo

Antonio Villanueva Martín

http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6648&Itemid=64

La decisión de desnudar de sus derechos sanitarios a la población inmigrante sin papeles en España es probablemente uno de los actos más repugnante desde la muerte de Franco. La canallada estival no ha contado con ningún matarife de plaza de primera para defenderla. La ministra de sanidad estaba haciendo las Américas y Rajoy el Rocío Chico.Todo ello ha dado la alternativa al Portavoz Adjunto del Partido Popular en el Congreso y Diputado por Almería Rafael Hernando para lucirse . Este mosquito trompetero urdidor de falacias proclama que 'los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países'.Olé.

No parece responder a razones económicas afirmar tal bajeza. Los inmigrantes acuden mucho menos a la sanidad pública que los españoles porque son más jóvenes ,gozan de mejor salud y al estar más desprotegidos laboralmente no se pueden permitir el lujo de ponerse enfermo.Hernando,curioso,cobra más de 1.800 euros mensuales en dietas de alojamiento, a pesar de tener, como otros 62 diputados, casa en Madrid.

Escribía con dolor hace ya más de una década Juan Goytisolo tras las agresiones racistas en Níjar, provincia de la cual es diputado el sobrero Rafael Hernando: 'Algunos almerienses olvidan las miserias del pasado y parecen incluso vengarse de él...Los moros y subsaharianos necesarios en los invernaderos ofenden la vista y el olfato de la población local en cuanto salen de ellos...'. Y lo escribía con dolor Goytisolo porque fue él y no Hernando el cojitranco, el que nos enseñó a mirar de otra manera la humilde belleza almeriense.

Eran tiempos de bonanza económica. Del boom del ladrillo y del invernaderos.

Un estudio realizado unos meses después de los incidentes racistas de El Ejido señalaba que más de 3.000 inmigrantes habían abandonado la zona .Lo curioso añadía el estudio elaborado por la antropóloga Ángeles Castaño era que aquel éxodo afectó 'especialmente a los inmigrantes que gozaban de mayor arraigo y había logrado reagrupar a sus familias'. Fueron apaleados por el simple hecho de ser diferentes.

Jamás a los españoles se nos trató de forma tan vejatoria cuando emigramos a Alemania o a Suiza.

Ahora han aprendido a maltratar a los inmigrantes sin dejar huellas. Han aprendido a hacer la carnicería sin mancharse las manos de sangre.

Hemos sido ricos escasamente unos años. Recuerdo que de niño si veía un hombre negro te quedabas mirándolo porque probablemente era el único hombre negro que había visto en años. No había inmigrantes. Éramos un país pobre y atrasado. El país más homogéneo de Europa: caucásico, católico y emigrante. Hemos sido un país de emigrantes durante toda nuestra historia salvo los últimos diez años. Algo que olvidamos con excesiva frecuencia. Y volvemos ,ahora, a ser lo que siempre fuimos: un país de emigrantes y algunos dirigentes no se conforman con eso ,quieren que volvamos a ser un país monótonamente homogéneo. Uniformado ,como los cuarteles. Olvidan esos militaristas que el porcentaje de militares españoles de origen extranjero muertos en conflictos bélicos en el último lustro es aterrador.

Como los nazis griegos,han encontrado el chivo expiatorio para explicar la crisis. ¿Quién tiene la culpa de lo de Bankia, o lo de la CAM o lo del Aeropuerto de Castellón?. Respuesta: los inmigrantes sin papeles. Por ello deben pagar.Exactamente 710 euros por persona y año. Saben de lo estúpido de la decisión desde el punto de vista económico. No van a recaudar nada.

Me honro de tener numerosos amigos inmigrantes y muchos de ellos ilegales. Aclaro :muchos de ellos ilegales y enfermos.

Y aunque parezca una perogrullada, ninguno de ellos eligió estar enfermos. Tuvieron la mala fortuna de perder la salud. Y tuvieron la buena fortuna de enfermar en un país como España. Un país no precisamente modélico, pero sí con un modélico sistema de salud pública universalizada.

Zara tiene 25 años y una enfermedad crónica que solo puede ser tratada en el primer mundo. Si la devuelven a su país de origen( Marruecos) estará condenándola a muerte.

Alguna mente preclara del PP en su afán improvisador y para no parecer tan desalmados han llegado a manifestar que le pasarán la factura sanitaria al país de origen.

Cissé o Ibrahim son marfileños. Gente amable, leal y pobre.

Me pregunto cómo Cissé o Ibrahim que estuvieron internados en el hospital malagueño Carlos Haya iban a pagar. Teniendo en cuenta que su país de origen es Costa de Marfil ,el cual padeció una guerra civil en el 2011 en la cual dos de cada tres muertos en el conflicto fueron ejecutados sumariamente.

Supongo que con esos antecedentes , España pedirá graciosamente que abonen la tarifa sanitaria de Cissé e Ibrahim al Gobierno de Costa de Marfil. Y supongo ,que los dirigentes del PP todavía pensarán que el gobierno marfileño lo va a pagar cual si fuera el gobierno sueco.

Antonio Gala en una entrevista en Diario El País en agosto del 2012 decía que estamos gobernados por gilipollas. Pues eso.

OBLIGAN A PAGAR A UNA 'SIN PAPELES' ANTES DE SER ATENDIDA POR EL MÉDICO

Obligan a pagar a una ‘sin papeles’ antes de ser atendida por el médico

• Médicos del Mundo denuncia el caso de una rumana sin tarjeta sanitaria
• Acudió ayer a un centro de salud de Palma con una dolencia 'urgente'
• Le trataron de 'colar' 85 euros por la consulta
• La factura debe emitirse siempre en el momento que acabe la asistencia
• Finalmente no pagó gracias a la intermediación de la ONG

Mayte Amorós | Palma

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/05/baleares/1346829675.html?a=8d7de214609fd8a3ca2554d656626bd1&t=1346831899&numero=

Vive en casa de su hija desde hace tiempo. Aterrizó desde Rumanía, como suele suceder, en busca de un futuro mejor y desde entonces mantiene una guerra burocrática para conseguir los ansiados papeles que nunca llegan. Desde ayer supo que iniciaba otra batalla: la de la asistencia sanitaria.

María es la primera inmigrante sin papeles en Baleares que ha denunciado ante Medicos del Mundo que no se le quiso atender en un centro de salud de Palma porque no tenía tarjeta sanitaria y se negó a pagar antes de que la visitara un facultativo. "Tendrás que pagar 85 euros para que un médico te vea", le indicaron en el mostrador de admisión. Y le expendieron la factura, asegura.

Su problema fue ayer caer enferma. Se levantó con la mejilla hinchada y el oído parecía que le iba a explotar. ¿Urgente o no urgente? 'This is the question'. Su tesitura giraba en torno a esta pregunta y sólo el diagnóstico de un médico la podía resolver. El 'sí' o 'no' determinaría si tenía que pagar o no, pues la nueva ley de asistencia sanitaria que entró en vigor el pasado 1 de septiembre establece que los inmigrantes sin papeles no pagarán en casos de urgencia (entre otros supuestos).

Así que se armó de valor y finalmente enfiló las puertas de su ya ex centro de salud S’Escorxador de Palma. "Buenos días, ¿me podría visitar un médico? No me encuentro bien", explicó en Admisión. Pero el personal le informó de que tenía que abonar 85 euros para que un facultativo la visitase. Acto seguido le entregaron la factura. Poco convencida dio media vuelta y se dirigió a Meédicos del Mundo, donde una responsable de inclusión social la informó sobre sus derechos.

Allí le dijeron que en ningún caso debía adelantar dinero y que tenía derecho a ser atendida previamente. Una vez el médico diagnosticase sabría si tenía que pagar o no. Nunca antes. Por eso, una coordinadora de la organización acompañó a María de vuelta al centro de salud para indicar al responsable de Admisión que los cauces con los que habían procedido no eran los correctos. "El paciente no debe adelantar dinero en ningún caso", indicó. De hecho, la directrices que el IB-Salut repartió entre el personal sanitario establece en el punto número uno del capítulo Facturación que "las facturas correspondientes deben emitirse siempre en el momento en que acabe el proceso asistencial". En el caso de María, no se cumplió.

Gracias a la mediación de la ONG, María fue atendida finalmente por un médico que determinó que su dolencia era 'urgente', por tanto no tuvo que desembolsar ni un euro de su bolsillo por la asistencia recibida. "Si no hubiera sido valiente y tenido el tiempo necesario para reclamar, ahora estaría en casa con una infección en el oído o con 85 euros menos", lamentaron desde Médicos del Mundo, que criticaron que se pongan estas "trabas" a "colectivos tan vulnerables".

Desde la organización explicaron que la desinformación generalizada en los centros es un problema que "agrava aún más esta situación". El personal de administración vive estos días con miedo ante la responsabilidad que se les ha venido encima ya que, según Médicos del Mundo, "la persona que deniega la asistencia es responsable de lo que le ocurra".

Los médicos tampoco están en una tesitura "cómoda" porque se les "ha trasladado la patata caliente de esta ley" al ser los responsables de valorar si una persona llega a la consulta con una urgencia o no. "Cuando estipulan que no es una urgencia deben comunicar a su paciente que debe pagar y eso no será bien recibido, por eso los médicos están en un papel muy complicado", indica. Médicos del Mundo ha iniciado una campaña de información a los inmigrantes sin papeles titulada Que no te impongan barreras. Reclama tus derechos. En ella explica cómo evitar casos como los de María. Si bien, asegura que desde hace dos meses han detectado facturas "irregulares" por asistencia sanitaria a inmigrantes. "Aún no había entrado en vigor el decreto y ya lo aplicaban", denunció la ONG aportando varias facturas

“No son recortes, es xenofobia”

Centenares de personas, contra el decreto que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles

Sanidad insiste en que todos serán atendidos, y que las comunidades verán cómo cobran

EMILIO DE BENITO Madrid 1 SEP 2012 - 14:56 CET

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/01/actualidad/1346504212_113692.html

Centenares de personas se han manifestado esta mañana en Madrid contra el real decreto que deja sin asistencia sanitaria desde hoy a los inmigrantes sin permiso de residencia. Gritos como “no son recortes, es xenofobia” o “ningún ser humano es ilegal” fueron constantes en un acto que pretendía llamar la atención sobre la situación en la que quedan las personas sin papeles –unos 150.000 no comunitarios entre ellos, según los cálculos de este periódico-.

Faloo, de 30 años, es uno de los afectados. Este senegalés acudió junto a su amigo Mustafá. Llevan cuatro y cinco años en España, respectivamente, siempre en situación ilegal. “Me dedico al top manta”admite Faloo, quien ya ha tenido que acudir a la sanidad pública “por problemas en una pierna”. “Ahora no sé qué va a pasar”, dice. “En el hospital no me han dicho nada, pero la cosa va a ir a peor”.

Faloo representa la incertidumbre en la que vive esta población después del anuncio de los recortes y las distintas declaraciones después de representantes del Ministerio de Sanidad –con la titular, Ana Mato, a la cabeza- y la consejería de Salud de Madrid de que ninguno va a quedar desatendido. “Con esta ley van a machacar a los inmigrantes. Aunque esté bien, de vez en cuando tengo que ir al médico. Hay que revisarse”, dice lleno de sentido común. “Pero no sé cómo lo voy a pagar”.

La misma duda corroe a Lucrecia Sáenz, una nicaragüense de 53 años. “Llevo ocho años en España, siempre en situación irregular”, admite. Se dedica al trabajo doméstico. “He tenido problemas de dolores en la columna, hipertensión y alergias. En el centro de salud no saben qué va a pasar a partir de ahora. Creo que no tengo derecho a volver”, dice resignada. Por si acaso, va a mirar seguros privados, “a ver si hay alguno barato”. Por lo que no puede es quedarse sin atención. “Con que no tome las pastillas un día me pongo fatal”. Ese es, de momento, la principal preocupación de Lucrecia. “Son caras”, dice. “Bueno, para mí lo son. Hay una que son unos 30 euros”. Con la tarjeta, pagaba el 40%, como todos los trabajadores. Sin ella, tendrá que pagar el 100%.

Y ellos siempre han estado en esa situación. Pero anímicamente puede ser aún peor para otros extranjeros: los que han tenido papeles, pero que al quedarse sin trabajo, no han podido renovar la tarjeta. “Tienen la desgracia de haber perdido el trabajo y la sanidad”, afirma Juan Sotelo, presidente del Centro Uruguayo de Madrid. “Yo estoy legal, pero conozco a muchos así”. La discriminación para ellos es mayor, ya que en ese caso un español no pierde la cobertura.

El acto, convocado por una veintena larga de asociaciones - Red por el Derecho a tener Derechos, la Federación de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes, Médicos del Mundo, Economistas sin Fronteras, Cumbre Eslava, Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, Asociación de Chilenos Violeta Parra, Ari-Perú,Pueblos Unidos, Paz Ahora, Zerca y Lejos, Territorio Doméstico,Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid,  Parroquia San Carlos Borromeo y Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, entre otras- duró algo más de una hora. Relegados a una estrecha acera frente al hospital Gregorio Marañón de la capital por la delegación del Gobierno, los manifestantes pronto ocuparon la calle O’Donnell. Los esfuerzos de la organización para reconducir la protesta para evitar represalias fueron inútiles. Solo después de una hora, ante la amenaza de que la Policía Nacional iba a cargar –y con el peligro de que detuvieran a algún indocumentado, lo que podría acarrearle la expulsión-, la protesta se tornó poco a poco en una cadena humana que abarcaba toda la fachada de del hospital.

Miguel Falcones, presidente de Médicos del Mundo de Madrid, una de las organizaciones con más presencia en el acto, afirmó que el objetivo de la protesta era la “derogación del decreto por injusto y discriminatorio”. “El turismo sanitario no afecta a los inmigrantes en situación irregular, que no pueden regularizar su situación porque no les dejamos. Eso es cosa de ciudadanos europeos que vienen de su país para que les operen aquí más barato”, dijo. “Los inmigrantes vienen aquí a trabajar y aportar, y los estudios demuestran que van entre un 20% y un 30% menos al médico que los españoles”, añadió.

Falcones dijo también que con el decreto se corría el peligro de que se colapsaran las urgencias –un servicio al que sí tienen derecho los inmigrantes-. “La primaria es más barata; con este decreto se encarece y se agrava “ el tratamiento de su enfermedad añadió.

Entre las personas que acudieron a la concentración estaba la diputada del PSOE Marisol Pérez, vicepresidenta segunda de la Comisión de Sanidad. Esta anunció que su grupo iba a presentar una proposición de ley para que se derogara la parte correspondiente del decreto a lo que calificó de “apartheid sanitario”. También estaban Tomás Hernández, ex secretario del Plan Nacional sobre Sida y actualmente miembro de la dirección de Médicos del Mundo, y Luis Montes, el médico que fue acusado y absuelto por el caso de las supuestas eutanasias en el hospital de Leganés de 2003. Este manifestó que creía que el decreto “era una chapuza”. “Parece que actúan improvisando. Han querido acabar con el turismo sanitario y han metido en el mismo saco a los inmigrantes”, dijo.

No debía de andar muy equivocado Montes. De hecho, poco antes de la manifestación, tras un acto en la Organización Médica Colegial, el director general de Cartera de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, admitió que el objetivo de la medida era el turismo. Y reconoció que él mismo, ”como médico”, si tiene “un paciente delante”, no lo va a “dejar de atender”. “Otra cosa es la facturación”, añadió.

Con ello Rivero quiso fijar las líneas del real decreto y defender la interpretación que hace el ministerio (al menos es el único alto cargo que ha hablado de él en rueda de prensa en los últimos meses). “Es posible que hayamos juntado ambos aspectos”, dijo sobre el hecho de que por acabar con el turismo sanitario se había dejado sin atención a los inmigrantes sin papeles.

Pero dejó esa pelota en el alero de cada servicio de salud. “Habrá facturación que se podrá cobrar. Hay convenios con países, y también otros de cooperación internacional”. Lo que está claro, para él, es que “si alguien está enfermo, alguien lo va a ver”. Eso sí, “habrá que ver cómo”, dijo ante la imposibilidad de precisar el mecanismo y la variedad de propuestas que manejan ahora las comunidades. “El que pueda pagar, pagará”, insistió. De hecho, hasta planteó la posibilidad de que una persona que estaba en situación ilegal y no hubiera pagado, recibiera la factura después si era regularizado.

Al margen de las manifestaciones -las de la calle y las declaraciones-, hoy era el primer día en que los inmigrantes se quedaban sin tarjeta, pero al ser sábado los centros de salud no han registrado incidentes. Tampoco los ha habido en las farmacias, aunque hoy entra en vigor elfin de la financiación de 417 medicamentos.

LA XUNTA DE GALICIA MANTENDRÁ LA ASISTENCIA SANITARIA A LOS INMIGRANTES SIN PAPELES

ASISTENCIA A INMIGRANTES

La Xunta mantendrá la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles

"Tanto en urgencias como en centros de salud", ha remarcado Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta

EL PAÍS Santiago 30 AGO 2012

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado hoy que Galicia continuará prestando asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes sin papeles que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre, lo que beneficiará a unas 9.000 personas. Es la primera comunidad gobernada por el PP que manifiesta de manera tan explícita que mantendrá la atención a los sin papeles, en contra de la norma del Ministerio de Sanidad.

"Tanto en urgencias como en centros de salud", ha remarcado el mandatario en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta que ha dado luz verde a un decreto que, previsiblemente, el viernes saldrá publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En la primera reunión ordinaria del Consello de la Xunta tras el verano, y tras la sesión extraordinaria de esta semana en la que se acordó el adelanto electoral, Núñez Feijóo ha insistido en que el rigor en las cuentas públicas "produce beneficios económicos y sociales" para los ciudadanos. La orden aprobada hoy por el Ejecutivo autonómico será publicada, previsiblemente mañana, en elDiario Oficial de Galicia (DOG) y en ella la Xunta establece los requisitos para que estas personas puedan tener acceso a la atención ordinaria tanto en urgencias como en centros de salud, aunque ha avanzado que deberan estar censados y que los ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El presidente gallego ha señalado que la Xunta "cumple la legislación nacional" y avanza en los límites que permite la normativa estatal "que permite dar asistencia ordinaria a los inmigrantes sin papeles vecinos de Galicia". Estas personas tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sanitaria "solo la puede dar el Ministerio".

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, insistió ayer que tras las reformas en el Sistema Nacional de Salud la asistencia "se seguirá prestando para todo el que la necesite, pero el que no sea titular del derecho, es decir, el que no tenga tarjeta sanitaria, deberá abonar dicha asistencia, tal y como estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986".

Por otra parte, 115 profesionales sanitarios gallegos han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o sin papeles a partir del 1 de septiembre, cuando entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad por la que pierden su derecho a tener una tarjeta sanitaria. Así se desprende de los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a esta medida, aunque posteriormente lo abrieron a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.

DERECHO A CURAR .CAMPAÑA DE MÉDICOS DEL MUNDO. POR LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA

Médicos del Mundo ha anunciado el lanzamiento de la campaña Derecho a curar para sumar adhesiones de profesionales sanitarios a la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular y contribuir así a la iniciativa puesta en marcha el 10 de julio por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que suma ya más de 1.300 objetores.

Spanish doctors and nurses protest over health care law for immigrants.

The neoliberal law enter into force on September 1.

Madri, 9 ago (Prensa Latina) A Sociedade Espanhola de Médicos da Família continuaremos prestando assistência gratuita aos imigrantes, assegurou hoje Salvador Tranche ao criticar a nova lei que proíbe esse serviço aos imigrantes indocumentados.

A lei neoliberal entrará em vigor no dia 1 de setembro como parte de um pacote de cortes do governo de Mariano Rajoy para reduzir a despesa pública de 8,9 por cento do produto interno bruto (PIB) em 2011 para 3 por cento em 2014.

"En cuanto se publicó en abril el real decreto, vimos que rompe con la trayectoria del Estado del bienestar. Es la primera gran regresión en sanidad", explica el coordinador de la campaña, Stefan Meyer. La iniciativa comprende, asimismo, otras acciones ciudadanas a través de su web www.derechoacurar.org y movilizaciones en la calle junto a asociaciones de inmigrantes los días 31 de agosto y 1 de septiembre.

QUIEREN ACABAR CON TODO

EL AJUSTE EN SANIDAD

Sanidad derivará a los inmigrantes sin papeles a ONG

La ministra, Ana Mato, afirma que así no quedarán sin cobertura

Las organizaciones denuncian que se cree un circuito de beneficencia

• Cataluña garantiza la sanidad a los 'sin papeles' por "salud pública básica"
• Madrid aplica ya la exclusión sanitaria de los inmigrantes

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/09/actualidad/1336555954_700416.html

Después de la alarma creada, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha esbozado, por fin, su respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular: la beneficencia. O, en lenguaje políticamente correcto, “convenios con ONG”. Esa es la solución que plantearon el miércoles Mato y el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, al preguntarles qué iba a pasar con las personas que, después de los recortes sanitarios, quedarán sin acceso al sistema (salvo las urgencias).

“Van a seguir siendo atendidos”, insistió Mato en una entrevista en Radio Nacional. En concreto, la ministra se refirió a enfermos muy graves: aquellos inmigrantes en situación irregular “infectados por el VIH o enfermos de cáncer” tendrán la asistencia sanitaria cubierta a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población”, dijo. No dijo qué pasará con otras patologías menos graves, aunque se supone que la idea es la misma. “La sanidad está garantizada porque somos titulares de ese derecho, el real decreto no cambia la legislación actual y, por tanto, la Ley General de Sanidad sigue vigente al 100 por 100”, añadió Mato, aunque obvió que la ley habla de derecho universal, y el decreto se basa en la idea de aseguramiento. Eso “está previsto en el marco del desarrollo reglamentario”. “Todas las comunidades tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria”, dijo.

Mato y Echániz coincidieron en lo que dijeron. Y también en lo que no aclararon. Porque la atención así a estos colectivos tiene problemas para los que ni fuentes del PP ni portavoces de Sanidad dan respuesta. El primero, que si hay que dar fondos a las ONG para atender a los inmigrantes, los posibles recortes de la medida se pierden. El segundo es que no es que un servicio sanitario no es solo dinero.

Un caso claro podría ser el de los tratamientos contra el VIH, que solo se dispensan en España en centros hospitalarios. Un tratamiento de primera línea (el que se da al principio de la infección) tiene un precio de venta al público de unos 8.000 euros anuales. Pero aunque el afectado pudiera pagarlo, su categoría de medicamento de uso hospitalario impide que pueda comprarse en una farmacia convencional. Y estos tratamientos deben tomarse durante toda la vida, y, además, la tendencia es darlos cada vez antes, no solo porque benefician al afectado, sino porque es la mejor prevención. Algunos tratamientos oncológicos tienen la misma consideración, y suponen el mismo problema.

Para conseguir que los afectados siguieran recibiendo la medicación, habría que arbitrar un método para que las personas sin tarjeta pudieran acudir a la farmacia hospitalaria. O darlos fuera. Y esto nunca se ha conseguido. Por ejemplo, en Madrid, el Centro Sanitario de Sandoval, de titularidad municipal, no lo ha logrado. Aunque atiende a una población que entra de pleno en la categoría de excluidos, ya que no se pide ningún tipo de papel. Pero, como dice el médico Jorge del Romero, del centro, una de sus limitaciones ha sido siempre que, cuando los pacientes empeoran y necesitan medicación, tienen que derivarlos a hospitales públicos, ya que ni siquiera a ellos, especializados en enfermedades de transmisión sexual, les está permitido dispensar los antivirales.

Pero el anuncio de Ana Mato tiene otra vertiente, que podría calificarse de irónica si no fuera dramática. Siempre siguiendo con la infección por VIH, que se puede tomar como ejemplo de lo que sucede en general y cuya relevancia hace que el propio ministerio tenga un Plan Nacional al respecto (lo que no sucede con ninguna otra patología), llega justo al día siguiente de que Seisida, la mayor organización sociosanitaria de afectados por este virus, que agrupa tanto a personal sanitario como a ONG, denunciara los recortes que van a dejar sin seguimiento y atención (en campos que no incluyen la medicación) a muchos afectados.

Esta mañana la protesta fue llevada a la calle por más de 300 ONG —teóricamente, las que deberían prestar ese servicio—. Estas creen que los recortes en el presupuesto del Plan Nacional o el hecho de que este no tenga titular desde que llegó Mato, son prueba de la falta de interñés del ministerio, que ahora acude a ellos. “Desde luego, el anuncio de Mato es sorprendente, sobre todo cuando desde que está en el ministerio no ha respondido a ninguna de nuestras peticiones”, afirma Santiago Redondo, responsable de Salud de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, una de las organizaciones cuyos asociados serían candidatos a dar este tipo de tratamientos. Por eso, para Redondo, el anuncio de Mato es “un brindis al sol para lavarse la cara ante las críticas”.

Una organización especializada en atender a población excluida, como Médicos del Mundo, también manifiesta su sorpresa. “No nos han dicho nada”. Y plantea muchas dudas acerca de los posibles convenios. “¿A qué atención sanitaria se refieren?”, dice su director, Álvaro González, quien es, además, médico. “Porque una cosa es dar información, pero dar tratamientos o hacer seguimiento es inviable”, afirma.

Además, “esto plantea dos servicios paralelos; uno público, con una calidad estándar para los españoles, y otro de pura beneficencia, con inseguridades, para los demás. Y eso no asegura el seguimiento, no que sea universal, no que se pueda dar una cobertura en equidad”, añade González. “Y nosotros estamos conceptualmente en contra de esto”.

Redondo coincide en la discrepancia entre lo que se les propone y su línea de trabajo. “Hoy por hoy no tenemos capacidad para dar una atención integral. Y, además, tendríamos que hacer una reflexión sobre si queremos participar en un sistema paralelo. Siempre hemos trabajado para incluir a la población atendida en la red sanitaria pública, no para mantener su exclusión”, afirma.

Y, aun así, queda la duda de la capacidad práctica. “En temas como el VIH no se puede hacer una atención integral sin medicación. Y, además, hay dudas legales. Cuando ni siquiera las farmacias convencionales pueden dar la medicación, ¿van a dársela a una ONG para que la distribuya?”, se pregunta.

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA

LOS ROSTROS DE LA REFORMA SANITARIA

"Necesito las pastillas del VIH y no podré pagarlas. Estoy tirado"

Chaouki Smaali, sin permiso de residencia, no tendrá acceso a un costosísimo tratamiento

“¿Qué haré sin asistencia sanitaria?”, se pregunta

JAIME PRATS Valencia 28 ABR 2012 - 21:33 CET61

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/28/actualidad/1335641595_743309.html

Chaouki Smaali es seropositivo. “Por una mujer”, comenta sin dar más detalles. Este tunecino que el martes cumple 40 años se enteró de que era portador de VIH en 1996, de casualidad. Un accidente de tráfico le desveló su condición de infectado. “Me detectaron el virus en los análisis que me hicieron antes de operarme”, explica. Por entonces aún le iba bien como instalador de equipos de aire acondicionado. Ahora, mientras trata de olvidarse de la heroína, no tiene más trabajo que las chapuzas que le salen para ir tirando. Su mujer y sus dos hijos se han ido a vivir con sus suegros. Le han cortado el agua corriente por impago y no tiene “ni para un café”.

Pero sus problemas no acaban aquí. Ni con el reto que supone vivir con el VIH. Todo apunta a que, a partir del 31 de agosto, Chaouki dejará de tener acceso a los costosos medicamentos(850 euros al mes) que impiden que el virus prolifere hasta el punto de desarbolar su sistema inmunitario. Es entonces, al caer dramáticamente las defensas, cuando aparece el sida y las enfermedades oportunistas que le acompañan (tuberculosis, pulmonías, sarcoma de Kaposi).

A falta de las excepciones que se puedan incluir en el desarrollo reglamentario, las medidas incluidas en el decreto aprobado por el Gobierno, destinado a recortar el gasto sanitario, contemplan dejar sin tarjeta sanitaria desde septiembre a los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes en España”, unos 153.000, que tendrán como única cobertura la atención de urgencias. Es el caso de Chaouki, que tras 20 años en Valencia se ha quedado sin papeles: “Me han denegado el permiso de residencia”.

 “¿Qué voy a hacer?”, se pregunta mientras relata su historia, sentado en un banco en el centro histórico de Valencia. Sus respuestas suelen llegar precedidas por un silencio que aprovecha para encoger los hombros, torcer el gesto o resoplar, como diciendo ‘¿qué quieres que te diga?’. Es después de este preámbulo, cuando responde. “Estoy tirado, necesito las pastillas y no puedo pagar el tratamiento, estoy muy preocupado”, lamenta. “¿Qué puedo hacer si me quitan la asistencia sanitaria? Te quedas bloqueado, no sabes dónde acudir...”.

Chaouki toma cuatro pastillas diarias. Dos de ellas (Truvada) actúan contra la transcriptasa inversa, una enzima que el virus necesita para replicarse. Las otras (Prezista y Norvir) bloquean la proteasa, otra enzima que el VIH usa para multiplicarse. Estos medicamentos solo los dispensan en España los servicios de farmacia hospitalaria de los centros públicos. No existe ningún canal alternativo que permitiera a un paciente con dinero para pagarlos acceder a los fármacos que le dan la vida. Se verían, pues, expulsados del sistema.

 “Es una barbaridad impedir a estas personas el acceso al tratamiento”, explica Enrique Ortega, presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida. “No solo pensando en el paciente, también en términos de salud pública; si mantenemos la carga viral baja con los fármacos, impedimos que se disemine la infección”. Como indica el también responsable de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General de Valencia, “el tratamiento antirretroviral es el que más eficacia a menor coste presenta. Desde un punto de vista humano, económico o de salud pública, [la decisión del ministerio] es absurda”.

Chaouki también acude a la red pública sanitaria para dejar la heroína. “Una vez olvidé la tarjeta sanitaria y no me querían dar metadona, menos mal que la médica me conoce y no hubo problema”. Si se queda sin cobertura asistencial, la buena voluntad del personal sanitario ya no le servirá de nada.

Lo único que le quedará es el consultorio de Médicos del Mundo, un servicio destinado a la población sin recursos que estuvo a punto de cerrar después de que el Gobierno, en 2000, extendiera la cobertura a todos los inmigrantes. Esta entidad se quedó apenas sin usuarios y potenció otras parcelas, como el reparto de meriendas y cenas, un servicio que Chaouki conoce bien. Si Sanidad retira la asistencia a los sin papeles, el responsable de la organización en Valencia, Rafael Sotoca, no descarta volver a potenciar la vertiente asistencial más dura. Otra cosa son los antirretrovirales. “Ahí no podremos llegar”.