JOSÉ LUIS DÍEZ, CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL
"Los sectores bancario e inmobiliario deben devolver lo que se han apropiado"
Díez Ripollés advierte que se han hecho 24 reformas en 17 años para endurecer el Código Penal siguiendo el pulso de las emociones, de los sentimientos y hasta de la venganza y sin análisis previo de la realidad social
ENCARNA MALDODANO
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1395833/los/sectores/bancario/e/inmobiliario/deben/devolver/lo/se/han/apropiado.html
José Luis Díez Ripollés (Zaragoza, 1951) ejerce la independencia. En 2004 dirigió el informePrácticas ilícitas en la actividad urbanística y alertó del riesgo de que el crimen organizado se infiltrara en el poder político. Aquel estudio levantó ampollas en una sociedad que se negaba levantar las alfombras del ladrillo. Después vino lo que vino y quedó claro que este catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga miraba donde nadie quería ver. Y fue a más. En 2011 apuntó en otro estudio que el planeamiento urbanístico de Ronda se había adaptado a los intereses de los promotores de Los Merinos. El ex alcalde Antonio María Marín Lara planteó una demanda de conciliación, exigencia previa a la interposición de un querella, en la que reclamaba 500.000 euros al catedrático y director del Instituto de Criminología. Seis meses después Marín Lara fue detenido en el caso Acinipo por presunta corrupción. Con la misma claridad Díez Ripollés exige ahora al sector bancario e inmobiliario que devuelvan todo lo que se han apropiado.
-Tenemos otra reforma más del Código Penal...
-Y desde 1995 van 24 reformas sustanciales. Varias de ellas han modificado más de 150 artículos y la que se anuncia también anda por los 200.
-¿Existen diferencias en las reformas que acometen los gobiernos de uno u otro partido?
-No se puede afirmar que la política criminal de los partidos conservadores sea igual que la de los partidos mayoritarios de izquierdas, pero lo cierto es que cuesta mucho trabajo ver la diferencia. He tenido ocasión de realizar un análisis detenido, reforma por reforma, artículo por artículo y ahí se observa cómo entre las modificaciones del Partido Popular y las del PSOE existen diferencias pero no demasiadas.
-¿Cuál es la tendencia común?
-El continuo endurecimiento del Código Penal, el olvido de la función resocializadora que marca la Constitución y una especialísima atención a lo que se dice son demandas de la sociedad que con frecuencia no obedece más que a casos aislados a los que los medios les han dado una gran relevancia. También cabe hablar de la importante presencia que tienen los grupos de presión de víctimas que están marcando la política criminal de todos los gobiernos. La política criminal no se entiende como una política pública más, no hay estudios sobre sus efectos, no hay ningún tipo de análisis mínimamente científico de la realidad social, es decir se basa únicamente en sensaciones, sentimientos de indignación, escándalo e intereses electorales cortoplacistas. Es en gran medida oportunismo.
-Eso es peligroso.
-Yo creo que es además una dinámica sin norte. El endurecimiento es cada vez mayor y la estigmatización del delincuente también, de manera que cada vez es más difícil que se reintegre en la sociedad. Es una política torpe que muchas veces sólo pretende calmar los sentimientos de indignación o venganza de las víctimas, cuando esa no es la función del derecho penal.
-¿Es una característica propia de España?
-No, pero lo verdaderamente curioso es que teniendo una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa occidental los temas penales estén en todo momento en el candelero como si tuviéramos un gravísimo problema social.
-¿Los medios de comunicación prestamos demasiada atención a la delincuencia?
-Claro, muchísima y eso distorsiona todas las percepciones. En los estudios de victimización cuando preguntas si tienes miedo a salir solo de noche por el barrio o a quedarte solo en casa ves que la gente no está preocupada, se siente segura. Pero si preguntas cómo van las cosas con la delincuencia responde que muy mal. Es una percepción social inducida por los medios y errónea, porque no responde al volumen de delitos que tenemos ni a la realidad de cómo nos comportamos.
-El Gobierno habla de prisión permanente revisable, o sea de cadena perpetua, ¿no?
-Claro, pero la cadena perpetua ya existe en España desde que es posible imponer penas de 40 años de prisión, algo prácticamente desconocido en el resto de Europa, donde puede haber cadena perpetua pero nadie está toda la vida en prisión porque las condenas se revisan relativamente pronto. Aquí tenemos penas de prisión muy largas que todavía no hemos podido ver el efecto que causarán, pero que será devastador.
-Además está la libertad vigilada y la custodia de seguridad.
-Fue el PSOE quien trajo la libertad vigilada y ahora llega la custodia de seguridad, que permite que un sujeto siga en prisión indefinidamente porque existan dudas sobre lo que va a hacer al salir. Yo hice un cálculo hace cuatro años en relación con los delitos sexuales. Miré cuántas personas había con condenas graves, por encima de los cuatro años de prisión y cuántas de ellas seguirían siendo peligrosas si se les aplicaba un tratamiento, valorando que el porcentaje de éxito es casi el doble más alto que en otro tipo de delitos. Mi cálculo era que no más de 40 ó 50 de esas personas en toda España podrían seguir realizando delitos sexuales. ¿Por esas 40 ó 50 personas vamos a crear la custodia de seguridad para muchas otras? ¿Es que no tenemos medios policiales para controlar a 40 ó 50 personas en España?
-También se ha puesto sobre la mesa la criminalización de la resistencia social.
-El derecho penal no puede ser el instrumento para impedir que se manifiesten las protestas sociales, sino para impedir que esas protestas sociales acaben en comportamientos violentos. Y, cuidado, no se debe modificar el Código Penal porque haya más tensión social, sino porque surjan nuevas conductas violentas hasta ahora no previstas, no para coartar las manifestaciones públicas o las movilizaciones sociales.
-La pretensión de que se prohíba grabar a los agentes de Policía ha generado muchas críticas, ¿las comparte?
-El problema de grabar a la Policía o de que haya personas que hacen llegar a la Policía vídeos con grabaciones de manifestantes se mueve en un ámbito en el que creo que todavía no tenemos criterios suficientes. La Agencia Española de Protección de Datos está haciendo una labor muy importante, pero después cuando se leen sus resoluciones o la actitud que sobre ellas toma la Audiencia Nacional se ve, a mi juicio, que no están claras las ideas sobre la protección de datos personales y de la propia imagen en el ámbito público. Mi impresión es que a veces nos pasamos por mucho y otras por poco. Tenemos una ley muy garantista y protectora de los datos personales, que está bien, pero luego llegas a situaciones en las que se vuelve en contra.
-¿Por ejemplo cuando un ayuntamiento no informa sobre sus contratistas bajo el argumento de la protección de datos?
-Y aquí, en la universidad, cuando se comunican las becas concedidas del campus de excelencia con un listado de números de carnés de identidad, porque entonces la publicidad no puede ejercer su papel de control de la arbitrariedad. A nosotros nos dieron la instrucción de dar las notas solo con el carné de identidad, sin nombres. Yo me negué porque entonces, ¿quién me controla a mí?, ¿quién sabe a quién apruebo y a quién no?
-Se recortan los fondos de investigación, suben las tasas, bajan las becas... ¿A dónde vamos?
-A mí sobre todo me preocupa la enseñanza media. Si ahí no se destinan ahí medios para una mejora sustancial será especialmente peligroso. Si no conseguimos un nivel satisfactorio en las enseñanzas medias luego ya podemos hacer en la universidad las reformas que queramos que tendrán efectos limitados. Necesitamos que nos lleguen alumnos con unas capacidades buenas para que nos metan presión, para que la universidad se adecue a una demanda más exigente. Con las exigencias y capacidades cada vez menores que traen ahora la tendencia no es a mejorar, sino a acomodarte a eso.
-El Gobierno propone un sistema de reválida y segregación temprana por ramas, ¿qué le parece?
-Todo esto no lo tengo muy claro. Optar en una fase demasiado temprana por una rama u otra no lo comparto, pero lo de la reválida no estoy tan seguro. Me eduqué en un sistema de reválida nacional que, efectivamente, suponía una tensión personal fuerte, pero también una garantía de mantenimiento de un determinado nivel.
-El plan Bolonia ¿ayuda o entorpece el nivel académico?
-Tal y como se está llevando a cabo en la práctica creo que nos lleva a un descenso de la enseñanza universitaria.
-¿Por qué?
-Para atender toda la actividad práctica que se exige se ha tenido que eliminar mucho contenido de las asignaturas. Bolonia no dice eso, sino que supone que el alumno va a estudiar en casa mucho más que antes. Lo que está sucediendo es que como ahora no se pueden explicar todos los contenidos se eliminan y los conocimientos a impartir son menos. Eso no es elevar el nivel de la universidad. Todo esto se une a una gran presión sobre el profesorado más joven. Se está agobiando con excesivas horas de clase a determinados sectores del profesorado, justamente al que está en formación e incluso al más productivo porque acaba de terminar su formación, y eso tendrá un efecto letal sobre la investigación porque ya no es solo que haya menos fondos para investigar, sino que la gente que sustenta los proyectos está dando clase a una intensidad muy alta.
-El paro juvenil alcanza el 50% e incluso la inserción laboral de los titulados es mala. ¿Qué mensaje le trasladamos a los jóvenes?
-Yo, que ya tengo cierta edad, el primer mensaje que tengo que trasladarles es de disculpa. Yo se lo he hecho llegar a mis hijos. Mi generación ha tenido que hacer algo mal, seguro, para llegar a esta situación. Hemos vivido años convencidos de que hacíamos bien las cosas convencidos de que estábamos creando un país mejor para nuestros hijos y de repente nos hemos encontrado con que lo hemos hecho mal y ese es un sentimiento de frustración que yo, personalmente, sufro. Unos debemos pedir disculpas, pero otras personas no solo tienen que pedir disculpas sino también devolver lo que se han apropiado y ahí meto al sistema bancario, a todo el sector inmobiliario y a muchos otros sectores ventajistas... Es decir, a todas esas personas que nos miraban como si fuésemos tontos mientras ellos se enriquecían irregularmente.
-¿No nos sigue mirando el sistema bancario como a tontos?
-Sí, por supuesto, el sistema bancario nos sigue considerando tontos, sin duda. Los empresarios cuando toman estrategias arriesgadas si les salen bien se hacen ricos y si salen mal quiebran pero con el cuento del riesgo sistémico los bancos, que hicieron estrategias arriesgadas, quebraron y ahora nosotros, que no participamos de aquellas estrategias arriesgadas, les tenemos que dar nuestro dinero que, además, luego ellos no prestan. Llega un momento en que concluyes que si los bancos tienen que cerrar que cierren, si los accionistas que invirtieron equivocadamente pierden que pierdan, porque con la idea de que si los bancos se hunden se hunde todo, estamos todos hundidos y dando dinero al sistema bancario. Yo puedo entender que el Gobierno diga que tiene que fluir el dinero porque si se colapsa el sistema bancario la economía se hunde al no fluir el dinero. Pues bien, que intervenga los bancos y quite a esos gestores porque esto tiene una pinta de tomadura de pelo muy grande.
-¿Le sorprende la conflictividad social o irá a más?
-Hay qué pensar cómo sería este país si no existiera la prestación por desempleo que, junto a las redes familiares, son los elementos que por el momento amortiguan. ¿Hasta cuándo? No sé.
-¿La crisis acabó con la corrupción o todavía está ahí?
-Yo soy escéptico sobre cómo va a evolucionar la corrupción. Por un lado, estoy satisfecho: la Administración de Justicia a pesar de los pesares está sacando a la luz mucha más corrupción de la que yo pensaba que podría y en ese sentido hay que felicitarla. Pese a sus carencias y defectos sus prestaciones no son malas. Por otra parte, sin embargo, tengo la impresión de que todavía queda mucha corrupción y que la mentalidad corrupta ha penetrado toda la sociedad.
-¿Multar con 12.000 euros un cohecho de 762.102 euros, como sucedió con el ex alcalde de Manilva, es eficacia judicial?
-Sucede que la Administración de Justicia aplica lo que dice el Código Penal y éste todavía no se ha adaptado a la gravedad de la conducta de corrupción.
-¿A pesar de las 24 reformas?
-Sí, queda mucho para tratar la corrupción y otras conductas dañosas de los poderosos con la dureza que merece. En 2010 hubo avances pero todavía falta. Los jueces aplican lo que dice la ley aunque, a veces, cuando veo algunas sentencias, por ejemplo, por delitos de urbanismo de la Audiencia Provincial, pienso que podrían ser más duros.
