EL AJUSTE EN SANIDAD
Sanidad derivará a los inmigrantes sin papeles a ONG
La ministra, Ana Mato, afirma que así no quedarán sin cobertura
Las organizaciones denuncian que se cree un circuito de beneficencia
Después de la alarma
creada, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha esbozado, por fin, su
respuesta para la atención de los inmigrantes en situación
irregular: la beneficencia. O, en lenguaje políticamente correcto,
“convenios con ONG”. Esa es la solución que plantearon el
miércoles Mato y el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio
Echániz, al preguntarles qué iba a pasar con las personas que,
después de los recortes sanitarios, quedarán sin acceso al sistema
(salvo las urgencias).
“Van a seguir siendo
atendidos”, insistió Mato en una entrevista en Radio Nacional. En
concreto, la ministra se refirió a enfermos muy graves: aquellos
inmigrantes en situación irregular “infectados por el VIH o
enfermos de cáncer” tendrán la asistencia sanitaria cubierta a
través de convenios entre las comunidades autónomas y
organizaciones de apoyo a esta población”, dijo. No dijo qué
pasará con otras patologías menos graves, aunque se supone que la
idea es la misma. “La sanidad está garantizada porque somos
titulares de ese derecho, el real decreto no cambia la legislación
actual y, por tanto, la Ley General de Sanidad sigue vigente al 100
por 100”, añadió Mato, aunque obvió que la ley habla de derecho
universal, y el decreto se basa en la idea de aseguramiento. Eso
“está previsto en el marco del desarrollo reglamentario”. “Todas
las comunidades tienen previsto hacer convenios con organizaciones
que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se
les pueda atender en atención primaria”, dijo.
Mato y Echániz
coincidieron en lo que dijeron. Y también en lo que no aclararon.
Porque la atención así a estos colectivos tiene problemas para los
que ni fuentes del PP ni portavoces de Sanidad dan respuesta. El
primero, que si hay que dar fondos a las ONG para atender a los
inmigrantes, los posibles recortes de la medida se pierden. El
segundo es que no es que un servicio sanitario no es solo dinero.
Un caso claro podría ser
el de los tratamientos contra el VIH, que solo se dispensan en España
en centros hospitalarios. Un tratamiento de primera línea (el que se
da al principio de la infección) tiene un precio de venta al público
de unos 8.000 euros anuales. Pero aunque el afectado pudiera pagarlo,
su categoría de medicamento de uso hospitalario impide que pueda
comprarse en una farmacia convencional. Y estos tratamientos deben
tomarse durante toda la vida, y, además, la tendencia es darlos cada
vez antes, no solo porque benefician al afectado, sino porque es la
mejor prevención. Algunos tratamientos oncológicos tienen la misma
consideración, y suponen el mismo problema.
Para conseguir que los
afectados siguieran recibiendo la medicación, habría que arbitrar
un método para que las personas sin tarjeta pudieran acudir a la
farmacia hospitalaria. O darlos fuera. Y esto nunca se ha conseguido.
Por ejemplo, en Madrid, el Centro Sanitario de Sandoval, de
titularidad municipal, no lo ha logrado. Aunque atiende a una
población que entra de pleno en la categoría de excluidos, ya que
no se pide ningún tipo de papel. Pero, como dice el médico Jorge
del Romero, del centro, una de sus limitaciones ha sido siempre que,
cuando los pacientes empeoran y necesitan medicación, tienen que
derivarlos a hospitales públicos, ya que ni siquiera a ellos,
especializados en enfermedades de transmisión sexual, les está
permitido dispensar los antivirales.
Pero el anuncio de Ana
Mato tiene otra vertiente, que podría calificarse de irónica si no
fuera dramática. Siempre siguiendo con la infección por VIH, que se
puede tomar como ejemplo de lo que sucede en general y cuya
relevancia hace que el propio ministerio tenga un Plan Nacional al
respecto (lo que no sucede con ninguna otra patología), llega justo
al día siguiente de que Seisida, la mayor organización
sociosanitaria de afectados por este virus, que agrupa tanto a
personal sanitario como a ONG, denunciara los recortes que van a
dejar sin seguimiento y atención (en campos que no incluyen la
medicación) a muchos afectados.
Esta mañana la protesta
fue llevada a la calle por más de 300 ONG —teóricamente, las que
deberían prestar ese servicio—. Estas creen que los recortes en el
presupuesto del Plan Nacional o el hecho de que este no tenga titular
desde que llegó Mato, son prueba de la falta de interñés del
ministerio, que ahora acude a ellos. “Desde luego, el anuncio de
Mato es sorprendente, sobre todo cuando desde que está en el
ministerio no ha respondido a ninguna de nuestras peticiones”,
afirma Santiago Redondo, responsable de Salud de la Federación
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, una de las
organizaciones cuyos asociados serían candidatos a dar este tipo de
tratamientos. Por eso, para Redondo, el anuncio de Mato es “un
brindis al sol para lavarse la cara ante las críticas”.
Una organización
especializada en atender a población excluida, como Médicos del
Mundo, también manifiesta su sorpresa. “No nos han dicho nada”.
Y plantea muchas dudas acerca de los posibles convenios. “¿A qué
atención sanitaria se refieren?”, dice su director, Álvaro
González, quien es, además, médico. “Porque una cosa es dar
información, pero dar tratamientos o hacer seguimiento es inviable”,
afirma.
Además, “esto plantea
dos servicios paralelos; uno público, con una calidad estándar para
los españoles, y otro de pura beneficencia, con inseguridades, para
los demás. Y eso no asegura el seguimiento, no que sea universal, no
que se pueda dar una cobertura en equidad”, añade González. “Y
nosotros estamos conceptualmente en contra de esto”.
Redondo coincide en la
discrepancia entre lo que se les propone y su línea de trabajo. “Hoy
por hoy no tenemos capacidad para dar una atención integral. Y,
además, tendríamos que hacer una reflexión sobre si queremos
participar en un sistema paralelo. Siempre hemos trabajado para
incluir a la población atendida en la red sanitaria pública, no
para mantener su exclusión”, afirma.
Y, aun así, queda la
duda de la capacidad práctica. “En temas como el VIH no se puede
hacer una atención integral sin medicación. Y, además, hay dudas
legales. Cuando ni siquiera las farmacias convencionales pueden dar
la medicación, ¿van a dársela a una ONG para que la distribuya?”,
se pregunta.
