viernes, 5 de diciembre de 2014

PERSECUCIÓN AL INDIGENTE EN FRANCIA


Francia: Obligan a los sintecho a llevar triángulos amarillos como los judíos

Publicado: 4 dic 2014 | 16:37 GMT Última actualización: 4 dic 2014 | 16:37 GMT
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/149529-francia-sintecho-triangulos-amarillos-nazi
Las autoridades de Marsella ha sido duramente criticadas por usar métodos nazis para identificar a su población sin hogar: ahora deberán mostrar tarjetas de identificación adornadas con un triángulo amarillo que se asemeja a la estrella de David.
En estas tarjetas, que son iniciativa del Ayuntamiento de Marsella y sus servicios sociales, figuran los datos personales e información sobre las enfermedades que padecen de las personas sin hogar, informa 'The Local'.  

Los activistas de derechos humanos ya han criticado las "tarjetas del triángulo amarillo", comparándolas con las estrellas de David que los nazis obligaban a llevar a los judíos durante el Holocausto

"Esto es escandaloso, es estigmatizador", aseguró al citado medio Christophe Louis, presidente de la organización benéfica Collectif Morts de la Rue ('Colectivo muertos de la calle'). "Llevar algo que muestre a todo el mundo qué enfermedades tienes no solo es discriminatorio sino que también viola toda la confidencialidad médica", afirmó Louis. Para el presidente de Collectif Morts de la Rue el simbolismo en el diseño de la tarjeta es indignante. 

El Gobierno francés también se ha expresado en contra de la iniciativa. "La confidencialidad médica es un derecho fundamental. Quiero que esta iniciativa local sea detenida", manifestó la ministra de Asuntos Sociales francesa, Marisol Touraine. 

En su defensa las autoridades de Marsella aseveran que el objetivo de la iniciativa es ayudar a los trabajadores de la salud a acudir con celeridad en auxilio de personas sin hogar que hayan enfermado o necesiten ayuda.



miércoles, 3 de diciembre de 2014

LOS JUECES PIDEN QUE SE AMPLIE LA PRESCRIPCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN

Los jueces piden que se amplíe la prescripción de delitos de corrupción

Los magistrados opinan que “la democracia española está en una situación muy delicada”

 Valencia 3 DIC 2014 - 12:53 CET
Varios de los magistrados durante la presentación del documento. / JOSÉ JORDÁN
Los 45 jueces decanos españoles han aprobado este miércoles en Valencia una batería de 58 medidas concretas con alcance “estructural, organizativo y de gestión” para mejorar la lucha contra la corrupción.
Los magistrados, que representan a buena parte del colectivo judicial al ser elegidos por sus compañeros, realizan un diagnóstico grave sobre la situación de España. “La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada a pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia”, empieza afirmando el documento. Los jueces creen que se está produciendo un “indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones, de sospecha generalizada sobre la gestión de lo público”.

Las propuestas, casi todas muy específicas, incluyen el incremento del número de jueces “hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes”, cuando ahora hay 11. Triplicar la partida destinada a la justicia para que pase arepresentar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado. Aumentar la “autonomía” económica del Poder Judicial. Ordenar el reparto de competencias; “es preciso aclarar quién toma las decisiones en nuestro ineficaz sistema de gestión de justicia”, en el que ahora interviene el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio y las comunidades. Una “modernización informática”, que elimine por ejemplo las incompatibilidades que ahora existen entre los sistemas utilizados en cada autonomía. Y la “agrupación de partidos judiciales y concentración en grandes sedes”.En el documento aprobado en susXXIV jornadas nacionales de jueces decanos que concluyen hoy en Valencia, los magistrados ofrecen al resto de “poderes del Estado” su “colaboración” para mejorar la respuesta al fenómeno y a lo que califican como una “desesperante lentitud de las causas” aportando para ello su “experiencia” en el “primer peldaño judicial”.
La reforma del Código Penal que plantean incluye: ampliar la prescripción de los delitos de corrupción”; introducir el delito de enriquecimiento injusto y el “financiación ilegal de partidos políticos”; elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, “en particular los de tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos”.
Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros). Aumentar las penas “para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción”, como la “omisión del deber de denunciar”. Contemplar un delito de obstrucción para los casos en que una institución no remita una documentación requerida o lo haga de forma incompleta. Limitar o prohibir la posibilidad de sustituir penas cuando se trate de delitos de corrupción y despenalizar, en cambio, “pequeñas infracciones” que suponen “un desproporcionado esfuerzo” para el sistema.
Los decanos plantean modificar el sistema de selección en el Tribunal de Cuentas o del Tribunal Constitucional
Los decanos plantean finalmente otras medidas, como modificaciones “en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional”, que opinan que hoy son “excesivamente dependiente de los partidos políticos”. Así como la “eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos”.
Los jueces piden que los refuerzos “en causas especialmente complejas, en particular casos de corrupción”, se adopten “en cuestión de días y no de meses”. Así como la “posibilidad” de que en tales investigaciones “los jueces puedan trabajar en equipo”. Los decanos abren la puerta a que pueda llamarse a “jueces sustitutos para funciones de refuerzos”. Y plantean que el CGPJ tenga “facultad de control sobre el cumplimiento por las comunidades de sus obligaciones de dotar de medios a los juzgados”.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, sometida a múltiples cambios desde su aprobación en el siglo XIX, debe ser, según los jueces, sometida a una “reforma” profunda que reduzca la fase de instrucción “ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral y poniendo fin a sumarios interminables”. Y reclaman una “regulación clara” de diligencias de investigación como las intervenciones telefónicas o los registros que proporcionen “seguridad jurídica a los jueces”. La rapidez, continúan, debe alcanzar a los “trámites externos”, como informes periciales o respuesta a oficios por parte de otras instituciones que, afirman, consume “buena parte del tiempo” de los procedimientos.
Los jueces plantean suprimir “el privilegio” que permite a ciertas autoridades declarar por escrito
El documento pide limitar los “recursos contra resoluciones de mero trámite”, que “confieren armas para la dilación procesal absolutamente injustificada”. Y avanzar hacia un modelo en el que los “medios de impugnación” se reserve para el final de la investigación como vía para “revisar la misma”. Plantean introducir “costas o sanciones” para disuadir las acusaciones “temerarias”. Suprimir “el privilegio” que permite a ciertas autoridades declarar por escrito “lo que hace perder toda espontaneidad a tales declaraciones”. Facultar a los fiscales para que valoren “si es conveniente o no iniciar el proceso penal en caso de pequeñas infracciones”. Crear juzgados especializados en delincuencia económica a escala provincial o autonómica. Y acelerar las transcripciones de conversaciones telefónicas y las comisiones rogatorias internacionales.
Los decanos proponen un cambio muy intenso en el tribunal del jurado. Como quitarle la competencia para juzgar a los aforados (como ocurrió con el expresidente valenciano Francisco Camps) y “en general, los delitos relativos a la corrupción”.
Piden una revisión muy profunda del aforamiento, “que genera importantes dilaciones procesales”. Y en ocasiones, afirman, facilitan “la ocultación o destrucción de pruebas” y “obligan al juez de instrucción a circunvalar a la persona aforada y le impiden adoptar medidas limitativas de derechos”, como las intervenciones telefónicas. Consideran “oportuno” que la de la instrucción de las causas de aforados se ocupe el juez ordinario. Y, en todo caso, se reserve el enjuiciamiento a un tribunal de aforados. Solicitan la supresión del suplicatorio en las cámaras legislativas, limitar el alcance del aforamiento a “los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos”, clarificar la cuestión competencial cuando hay “aforados y no aforados” imputados y vetar el “cambio de juez instructor o tribunal” para el caso de que una persona “deje de estar aforada y viceversa”.
Los indultos, solo cuando “exista informe favorable del tribunal” sentenciador
Los indultos solo deberían concederse, opinan los decanos, cuando “exista informe favorable del tribunal” sentenciador. Y debería dejarse de suspenderse la ejecución de la pena (entrada en prisión, por ejemplo), “en caso de solicitud de indulto” ante lo que consideran un “uso abusivo” de tal posibilidad.
Los jueces piden reforzar la independencia de los fiscales “en caso de que se les atribuya la instrucción” de los procedimientos. Incrementar “los medios personales y materiales de la Fiscalía Anticorrupción”, crear “equipos de auténtica policía judicial con agentes a las órdenes directas de los jueces”. Aumentar la plantilla de la policía judicial y “en general de todos los grupos especiales de probada eficacia dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera”.
Los decanos plantean que la exigencia de responsabilidad civil se reserve para un proceso paralelo, porque “frecuentemente retrasan exceso la finalización de la instrucción”. Piden que se puedan embargas bienes a “testaferros o colaboradores”, mejorar la formación de los funcionarios dedicados a la investigación patrimonial y mejorar el “cruzado de datos” con organismos como La Agencia Tributaria, el índice notarial, registros, del Banco de España, Seguridad Social y otros.
Consideran necesario los decanos crear “un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los jueces”, mejorar la ley de protección de testigos y poner “expertos en informática a disposición” de los magistrados.

lunes, 1 de diciembre de 2014

SEGÚN EL DIARIO EL PAÍS LA ENDOGAMIA ALCANZA AL 73% DE LOS DOCENTES

La endogamia alcanza al 73% de los docentes

Educación calcula por primera vez el número de profesores que se formaron en el centro en el que están contratados


Campus de la Universidad de Málaga. / JULIÁN ROJAS
Ester Pérez Lorences, de 55 años, catedrática de Fisiología Vegetal de la Universidad de Valencia desde 2007, estaba a punto de comenzar el segundo ejercicio de una oposición en diciembre de 1998 cuando el tribunal solicitó su presencia a puerta cerrada. Tras marearla con que le faltaba un papel, le dijeron: “Esta plaza no te toca; no te presentes”. Pérez Lorences desistió. Ese examen en Valencia era para ella poco más que un ensayo. Lo que quería, 10 años después, era volver a casa, y la Universidad de León había convocado para dos meses más tarde una plaza a la que tenía previsto presentarse. Cuando llegó, no la esperaban. “El presidente me dijo: ‘¿Qué haces aquí?’. No sé la razón pero el puesto estaba adjudicado”. Se lo dieron a su único competidor, Jesús Miguel Álvarez Fernández, el candidato local.
El episodio aún sigue vivo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en 2012 el nombramiento de Álvarez —que recurrió al Constitucional— al considerar que la institución no se había ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad y obligó a adjudicar el puesto a Pérez Lorences. Hace dos semanas tomó posesión y pidió una excedencia. “Mi vida ha cambiado. No podría volver a León. No creo que el ambiente de trabajo fuera el idóneo. Además, mis hijas han empezado la universidad, mi marido trabaja en Valencia, donde soy catedrática desde hace siete años...”.
“Yo no tenía padrino, solo tenía trabajos”, dice una catedrática que fue rechazada
La historia está salpicada de casosque ilustran que la universidad española se nutre de personas que ha formado evitando muchas veces la competencia que favorece elegir a los mejores, y no siempre con mecanismos limpios. Luis Sanz-Menéndez, investigador del CSIC, ha contabilizado 35 anulaciones de plazas por tribunales superiores de justicia en 20 años. Ocurre muchas más veces de las que llegan a los juzgados, la buena noticia es que ocurre cada vez menos.
EL PAÍS ha tenido acceso a las primeras cifras oficiales sobre el fenómeno de la endogamia. El Ministerio de Educación, que ha declinado participar en este reportaje, calcula que el 73% del cuerpo docente de la universidad pública del curso 2013/14 estudió en el centro en el que está contratado. La estadística provisional cruza el centro en el que trabaja un docente o investigador con aquella donde ha leído la tesis. Lo que no refleja es si, entre un paso y el siguiente, ha hecho carrera en otro campus.
El comité de expertos nombrado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para la reforma universitaria, puso las consecuencias de esta práctica negro sobre blanco en un informe que duerme el sueño de los justos desde febrero de 2013. “España no ha tenido un premio Nobel científico desde hace más de un siglo: el único lo obtuvo Santiago Ramón y Cajal en 1906 (...). En el polo opuesto se puede situar al Trinity College, con 32, pese a ser un college entre la treintena que tiene Cambridge (...). El sistema universitario público español tuvo 401 patentes en 2010. (...) Como comparación, un solo profesor del MIT, Robert Langer, tiene 811”.
Estados Unidos atajó estas prácticas hace más de medio siglo 
Las clasificaciones internacionales son reflejo de esta realidad: solo una institución española, la Universidad de Barcelona, ha logrado situarse entre las 200 primeras del mundo en el ránking de Shanghai. “Si no nos exponemos a diferentes formas de pensar la ciencia, es difícil que entren nuevas ideas”, dice Louise McNally, vicerrectora de profesorado de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
Charles W. Elliot, exrector de Harvard (EE UU), vio clara esta relación entre endogamia y baja productividad antes incluso de que lo demostraran los estudios empíricos y en 1909 advirtió de que había que atajarla. Todas las universidades del país se sumaron al debate y decidieron no contratar a sus doctores hasta pasado el tiempo. No hizo falta ley alguna. Para mediados de siglo habían resuelto el problema. La endogamia solo resistía, y muy suavizada, en facultades de leyes y en algunos Estados del sur.
Para el presidente de los rectores “el problema es la falta de movilidad”
El talonario, claro, atrae más fácilmente el talento, y el hecho de que las universidades españolas estén atadas de pies y manos para ofrecer sueldos individualizados —coinciden los expertos— es un lastre. Pero ese es solo uno de los problemas para atajar la endogamia de la Universidad española, muy alejada de Europa en inversión en I+D (casi un punto menos, con un 1,24% del PIB) y que ha visto mermar alrededor del 14% sus presupuestos desde 2010.
“En los sistemas de gobernanza, lo que cuenta hasta para ser jefe de departamento son las lealtades y los votos”, explica Sanz-Menéndez, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid. “La universidad se parece a un juego político, favorece la formación de coaliciones espurias”. El rector se elige entre los miembros del campus para cuatro años mediante elecciones —con voto ponderado— dentro de la comunidad universitaria. “Necesita los votos y busca lealtades. Ha habido intentos para cambiarlo, pero si la universidad dice que no, no hay Gobierno que se atreva”, añade.
El proceso de selección del profesorado se descentralizó en 1983. Hasta entonces, se convocaba una oposición única por área de conocimiento a la que concurría gente de toda España. Los que más puntos sacaban, elegían destino. La decisión de dejarlo en manos de las universidades favoreció sonadas polémicas recogidas por revistas como Nature y Science. En 2001, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) volvió a recentralizar el proceso, pero la presión de muchos campus, que boicotearon el sistema, hizo que decayera en 2007.
Mas- Colell: “Se ha demostrado que el talento atrae dinero"
La prestigiosa revista Cronicle of Higher Education recogía ese año el caso de la profesora Victoria López Rodas, que pese a tener 25 años de experiencia docente en destacadas facultades de Veterinaria, haber publicado 58 artículos y tener patentes a su nombre, hoy siete, quedó fuera de la cátedra de Genética en cuatro ocasiones. “En los tribunales quien no tiene padrino no se bautiza y yo no tenía padrinos, simplemente tenía trabajos”, recuerda. “En todo caso, diré que todos los que lograron las plazas tenían méritos suficientes. Eso sí, quizá yo tenía más. Sentí una doble injusticia porque muchas veces quienes te juzgan tienen menos currículum que tú”.
Dice Victoria López Rodas que, afortunadamente, todo ha ido a mejor. Sitúa el punto de inflexión en 2007. Desde entonces, quien acredita es la agencia nacional ANECA, muy cuestionada por los expertos de Wert, y una comisión de la propia universidad —formada por los miembros que fijen los estatutos de cada universidad— decide a quién otorgar las plazas.
Solo unos datos. Según el estudio realizado por Sanz-Menéndez y su colega del CSIC Laura Cruz en 2006, en el 95% de los casos el docente que ganó una plaza ya trabajaba en el centro donde logró un puesto fijo; el 70% no tuvo ningún contrincante. Además, el 69% obtuvo la plaza en la autonomía donde nació.
“El problema no se plantea bien si se habla de endogamia”, dice el presidente de los rectores españoles, Manuel López. “El problema es de falta de movilidad. No existen las condiciones que la favorezcan. Hay que buscar incentivos”. Salvador Barberá, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), coincide: “La cuestión se ha agudizado también con la creación de tantas universidades ligadas a cada comunidad autónoma”.
La Universidad de Málaga (UMA) ha sido cuestionada en más de una ocasión por endogámica, la última vez este otoño tras conocerse que en agosto había convocado cinco plazas a las que se presentaron nueve aspirantes, siete de la propia institución. Al concurso para impartir la asignatura de Audiovisual solo se presentó una candidata, casualmente, la vicedecana de la facultad, que se ha hecho con el puesto. “La convocatoria es pública como estipula la ley. Si no hay más candidatos...”, justifica la vicerrectora de Ordenación Académica, María José Blanca. A la plaza de Fisiología Vegetal se presentó también una única persona, empleada ya en la Universidad... “Me parecen exageradas las críticas sobre endogamia”, señala. “Para poder concurrir a estas plazas uno tiene que tener la acreditación de la ANECA, es decir, que son personas con un perfil adecuado para docencia e investigación”.
Los expertos recomiendan a Wert que impida que las universidades contraten a un doctor propio salvo que haya estado en el exterior al menos tres años. Es un asunto polémico. ¿Por qué no hacerlo si es excelente? “Este sistema de no contratar al personal que estás formando y que ya está en ciertas líneas de investigación consolidadas no me parece adecuado”, dice la vicerrectora de la UMA. “E incluso me parece que va contra el principio de igualdad de acceso a la función pública”. Jordi Caballé, catedrático de Economía de la UAB, matiza: “Un jurista podría decir que es inconstitucional. Pero en EE UU, por ejemplo, no está prohibido por ley pero hay un consenso. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas veces prefieren el sistema feudal, se encuentran más cómodos porque les exigen menos. Hay que conseguir que cada vez el sistema de provisión de fondos de los departamentos esté condicionado a la productividad. Se darán cuenta de que este sistema no lleva a tener investigadores competentes”.
La propuesta ya ha empezado a calar. Las facultades de Económicas de la UAB y las universidades Pompeu Fabra, Carlos III y Alicante adoptaron hace ya años esta política, convencidos de que la forma de caminar hacia una universidad de excelencia es un sistema de reclutamiento de profesores similar al que emplean en países como EE UU: el tenure track. “El momento clave debería ser la entrada en la universidad y la aceptación social de que siete años más tarde, si no has rendido científicamente, te tienes que ir”, dice Barberá. Lo que hacen estas facultades es lanzar a sus doctores a competir en los mercados de economistas del mundo y reclutar doctores de fuera para sus departamentos.
Algunas iniciativas aisladas han tratado en los últimos años de poner coto al problema de la endogamia. El consejero catalán de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, impulsó en 2001, cuando era titular de Universidades, la Institució Catalana de Recerca i Estudis AvanCats (ICREA) que lo que hace básicamente es buscar talento a través de una convocatoria internacional, atraerlo con dinero público —la Generalitat paga sus sueldos individualizados hasta que se jubilan— y empotrarlo en las universidades y centros de investigación. “La falta de participación externa ha sido una fuente de limitación de la competitividad y nos planteamos qué se podía hacer. Había que inyectar talento en el sistema. Es imposible una universidad de primera si no tiene talento de primera. Además, se ha demostrado cierto que el talento atrae mucho dinero”. ICREA, con un presupuesto anual de alrededor de 23 millones de euros, ha contratado a 307 investigadores de muy diversas especialidades. La Generalitat maneja el cálculo de que por cada millón de euros gastados en ICREA, los investigadores han reportado tres millones.
Pero ICREA, igual que Ikerbasque, la iniciativa hermana promovida por el Gobierno Vasco en 2007, no deja de ser un parche cuya existencia no tendría razón de ser en un sistema universitario más ágil y flexible. “La universidad ha cambiado y mejorado muchísimo en treinta años”, dice Mas-Colell. “Pero si la miras en el contexto europeo, nos lastran vicios históricos y una estructura funcionarial. Las reformas solo necesitan un poco de voluntad política. No hace falta una revolución drástica que lo revuelva todo, basta con cambios, sobre todo en la gobernanza, que hagan que las universidades pasen de ser instituciones muy rígidas a instituciones ágiles. Solo eso ayudaría mucho”.
El Ministerio de Educación no sabe, no contesta.

domingo, 30 de noviembre de 2014

REPORTAJE EN EL DIARIO EL PAÍS SOBRE EL PROFESOR MEXICANO RAÚL ROJAS. EXPERTO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El mejor profesor de Alemania

El mexicano Raúl Rojas, especialista en inteligencia artificial, obtiene el galardón que otorga la Unión de Universidades por vincular la enseñanza con la investigación

 
El mexicano Raúl Rojas, nombrado mejor académico de Alemania, con su prototipo MIG.
El mejor académico de Alemania se llama Raúl Rojas y nació hace 59 años en la popular colonia Doctores de la Ciudad de México. Rojas ha sido premiado por la Unión de Universidades de Alemania, un gremio que agrupa a unos 28.500 docentes, con el título de profesor universitario del año. “La distinción es una gran satisfacción para mí, porque se reconoce nuestra labor vinculando la enseñanza con la investigación”, asegura Rojas. “Mi filosofía ha sido siempre que los estudiantes aprenden más trabajando en equipo. Los estudiantes aprenden de otros estudiantes y el profesor es catalizador”.
Raúl Rojas, un economista con formación de matemático, experto en informática y que ahora dirige el departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Libre de Berlín (FU), tiene una visión que, si se hace realidad algún día, puede alegrarle la vida a todos los militantes ecologistas. “En 20 años”, afirma el académico, “tendremos un sistema operativo que podrá convertir al auto en una plataforma autónoma. En el futuro los automóviles serán taxis inteligentes que circularán por las calles sin un chófer”. Rojas no es un charlatán, ni tampoco un soñador. Desde que ingresó en 1997 en la Universidad Libre de Berlín, después de haber obtenido sendos doctorados en Economía e Informática, se ha dedicado a buscar nuevos campos de aplicación para la informática.
En 2007, el catedrático mostró en la capital alemana el famosoEspíritu de Berlín, un automóvil autónomo dirigido completamente por computadoras. El Mini-Van, que estaba dotado de cámaras y sensores, podía rodar autónomamente o adaptarse para una conducción convencional con solo oprimir un botón. Rojas no tardó demasiado tiempo en diseñar un nuevo método; conducir el Mini-Van a través de un iPhone, “algo relativamente fácil”, según el académico. “La meta final es lograr que el auto se mueva por sí solo. Si logramos esto, la gente ya no estará interesada en comprar un automóvil”, dice Rojas.
Tras aquel éxito, su inventor se formuló una pregunta: ¿sería posible conducir un automóvil con el cerebro? En 2011, Rojas volvió a ser noticia gracias al prototipo MIG (Made in Germany), un moderno Passat que esconde en su maletero sensores y ordenadores que posibilitan que el coche se mueva gracias a las ondas electromagnéticas del cerebro. El académico y sus ayudantes diseñaron una diadema con 16 sensores para electroencefalogramas. “Confieso que diseñar el programa para el MIG fue un capricho. Solo queríamos saber si era posible conducir un coche con el cerebro”, revela Rojas. “Lo logramos y ahora queremos desarrollar un sistema para una silla de ruedas que pueda ser conducida con el cerebro de un discapacitado”.
Rojas llegó a la Universidad Libre de Berlín en 2007, dio vida al departamento de Inteligencia Artificial y tardó solo dos años en crear el famoso y ya mítico equipo FU Fighters, que ha ganado dos veces el campeonato mundial de fútbol para robots y es casi imbatible en Alemania. Los jugadores robots son el capítulo más divertido, pero también el más interesante del departamento de Inteligencia Artificial de la FU. Los alumnos del profesor Rojas dedican dos semestres de su carrera a rediseñar los “jugadores” y modernizar los programas para convertirlos en nuevos campeones.
El genio mexicano está convencido de que los robots son parte del futuro, pero también tiene una certeza que le permite dormir tranquilo. Los robots jamás alcanzarán la perfección del cerebro humano. “Un ordenador es invencible en el ajedrez y un robot puede aprender muchas cosas, pero nunca será capaz de mentir, que es la forma más alta de la inteligencia del ser humano”, dice con convicción. La filosofía de Rojas es simple: “Los robots nos sirven para entendernos mejor a nosotros mismos”.

INFORMACIÓN DE EL DIARIO EL MUNDO SOBRE COMO CAMPAN A SUS ANCHAS LOS USUREROS EN ESPAÑA

CRONICA 'La casa es para vivir yo', mintió al nieto

El ferroviario usurero que se quedó con la casa de la anciana Carmen

  • Discreto, de vida modesta, 56 años, su pareja cuida ancianos...

  • Y hay más como él sacando tajada de esta crisis con intereses 'leoninos'

  • Un solo usurero se ha quedado con 3.800 viviendas

Vídeo: ANA GONZÁLEZ RUEDA

Definición de usurero de la RAE: "1. Usurario (perteneciente a la usura). 2. Persona que presta con usura o interés excesivo. 3. Persona que en otros contratos o granjerías obtiene lucro desmedido".
El usurero Francisco Gómez Montoya, de 56 años, es un tipo extremadamente discreto, muy callado y sobre todo cauteloso. El pasado martes, cuatro días después de que echara a la calle a la anciana Carmen -su desahucio ha acaparado estos días las portadas de todos los periódicos- arrancó el nombre del buzón de su piso, quizás por precaución ante el temor de que los medios de comunicación lo localizaran. Se trata del 4ºA de un sobrio edificio en Fuenlabrada (Madrid), donde vive desde hace 14 años con aparente sencillez y donde es un absoluto desconocido. Sus vecinos de rellano, puerta con puerta, no saben su nombre de pila, no saben que trabaja en Renfe, no saben que en sus ratos libres se dedica a la usura. Es decir, que Francisco Gómez Montoya presta dinero, bajo unas condiciones leoninas y difíciles de cumplir, a desesperados a los que los bancos no dan créditos y acaba quedándose en muchos de los casos con las propiedades de los incautos que firman con él. Así ha hecho con la vallecana Carmen Martínez Ayuso, sin techo a los 85 años, cuyo piso y plaza de garaje ya tiene registrados a su nombre.
Estos últimos días, el usurero ha estado especialmente ocupado. El jueves pasado, sin ir más lejos, a las 10.54 horas exactamente, se presentó con un auto judicial en el Registro de la Propiedad de Guadarrama (Madrid) para inscribir a su nombre un local comercial en Los Molinos (Madrid) obtenido con los mismos métodos que el piso de Carmen. Le prestó un dinero a Deogracias Antón y María Ángeles Martín con un interés de demora del 25% -en el caso de Carmenascendía al 27%- y ha acabado quedándose con la propiedad de la pareja. "Se adjudica a Francisco Gómez Montoya la finca registral: la finca número 4173 de Los Molinos, y se ordena la cancelación del crédito... Guadarrama, a las 13.00 horas del 27 de noviembre del año 2014", se lee en la nota simple del Registro de la Propiedad, en poder de Crónica. Deogracias y Mari Ángeles, además, tienen en peligro otra finca, también vinculada a un préstamo con él.
En espera de lo que pueda suceder con esta última propiedad, lo cierto es que en sólo 10 días, Francisco Gómez Montoya se ha hecho con tres inmuebles: este local de Los Molinos y la casa y el garaje de Carmen. "Dinero fácil", como dicen algunos de los reclamos con los que echan el anzuelo estos prestamistas particulares.
Las imágenes de su desahuciada más famosa, Carmen, doblada por el dolor al ser desalojada, resultaron tan sobrecogedoras que todos los focos mediáticos han apuntado a la violenta salida de la anciana de su piso, el bajo del número 10 de la calle Sierra de Palomares, en el madrileño barrio de Villa de Vallecas,, obviando lo que sucedía en ese momento en el segundo piso. De haber apuntado las cámaras allí, donde el prestamista esperaba tomar posesión de la vivienda protegido por la policía, se habría encuadrado la cara más desconocida del drama de los desahucios: la de Gómez Montoya y la de otros usureros que como él hacen fortuna a costa de los más golpeados por la crisis.
La Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif), que agrupa a un centenar de afectados de prestamistas particulares -casi todos han perdido su vivienda tras sucumbir al reclamo de "crédito rápido, financiación urgente"- calcula que un 30% de los lanzamientos hipotecarios que se producen en España son consecuencia de las "estafas de prestamistas privados". Es decir, que sólo en 2013 -65.182 lanzamientos-, unos 20.000 bienes inmuebles habrían pasado a manos de prestamistas particulares tras ser despojados a españoles que han firmado un crédito ruinoso.
Fijémonos en concreto en el préstamo que el hijo de Carmen, Luis Jiménez, rubricó ante notario con un poder de su madre. Según la escritura de préstamo, Francisco Gómez Montoya le dejó 77.100 euros el 15 de diciembre de 2009 y Luis puso la casa de su madre, valorada en unos 180.000 euros, como aval de la devolución. El usurero en persona, asegura Luis, le entregó «30.000 euros en metálico», tras descontar una parte de intereses que debía pagar por adelantado -15% de interés anual y 27% de demora- y un crédito anterior con otro usurero que Luis aún tenía pendiente de pago. Tres años y dos meses después, el 6 de febrero de 2013, Gómez Montoya le hacía saber que le debía 65.530,78 euros por intereses de demora, más los 77.100 del préstamo, más 23.130 por las costas, ya que el prestamista había iniciado la reclamación judicial de la deuda. En total, Gómez Montoya exigía 165.760,78 euros. Una cifra inasumible para Carmen y Luis.
Montoya, con mochila, el 31 de octubre, en el primer intento de desahucio, en una imagen tomada por los vecinos. CRÓNICA
En las asociaciones de víctimas no tienen fichado a Gómez Montoya, pero sí a decenas de estos profesionales de la usura, algunos de los cuales son renombrados. En Stop Estafadoresmencionan por ejemplo a Antonio Arroyo. «A base de préstamos con garantía hipotecaria, se ha hecho con 3.800 casas en toda España, hoy tiene los derechos de otras 1.000 hipotecas y acumula 1.000 denuncias», asegura su presidente, Juan Puche.
Mucho más mesurado y sigiloso en sus operaciones es Montoya. Sus vecinos, a tenor del modesto nivel de vida que aparenta, lo tienen por una persona de escasos recursos. De la mujer con la que vive -está soltero-, Manuela, 52 años, de origen extremeño, refieren que se dedica al cuidado de ancianos y llama poderosamente la atención porque viste siempre la misma ropa. Tampoco en su entorno profesional, donde lo apodan "el gitano" por su segundo apellido, sospechaban que el hermético Gómez Montoya tiene el lucrativo oficio de prestamista. Su cualificación profesional es la de "operador comercial especializado N1", lo que comúnmente se conoce como uninterventor, y trabaja en la línea de Cercanías que cubre el trayecto entre la estaciones madrileñas de Chamartín y Aravaca.
Nacido en Villapalacios (Albacete) el 6 de abril de 1958, en la biografía de Francisco Gómez Montoya hay un azaroso episodio que lo vinculó durante unas horas con ETA. El 16 de enero de 1987 la Policía detenía a seis miembros del sangriento comando Madrid, -con De Juana Chaos y Antonio Troitiño a la cabeza- y entre el material incautado y distribuido por Interior se incluyó la imagen de un DNI a nombre de Francisco Gómez Montoya, natural de Villapalacios (Albacete). Algunos medios, como TVE, llegaron a publicar el nombre del hoy usurero como el del séptimo miembro del comando, que había logrado huir. En realidad, se trataba del etarra José Martín López-Castañares, quien había pegado su fotografía en el carné que Gómez Montoya había extraviado unos años antes. El error fue corregido enseguida.
Con su DNI en mano y portando una mochila a la espalda acudió el usurero al primer intento de desahucio de Carmen, el 31 de octubre, momento al que pertenece la imagen impresa en estas páginas. El nieto de Carmen, Luis Miguel, intentó mediar con el prestamista y le ofreció pagar un alquiler para que no echara a su abuela. "Necesito la casa para vivir", respondió Gómez Montoya , a quien acompañaba uno de sus dos abogados y uno de sus seis procuradores. Tiene otorgados poderes para que actúen en su nombre en Fuenlabrada, Leganés, Madrid, Collado Villalba y San Lorenzo de El Escorial.

Cinco oficinas a su nombre

Decía Gómez Montoya al nieto de Carmen que necesitaba la casa para vivir pero lo que parecen sobrarle son precisamente viviendas, aparte de que cuenta con un holgado sueldo como interventor de 45.000 euros anuales. En el Registro de la Propiedad, a fecha de viernes 28 de noviembre de 2014, figuran cinco inmuebles vinculados a Francisco Gómez Montoya: el piso de Fuenlabrada donde reside; la casa de Carmen; el garaje de Carmen; el citado local de Los Molinos recientemente embargado, y un quinto piso en la calle Torres Miranda, en Madrid, cuyo desahucio parece inminente puesto que Gómez Montoya ha iniciado la reclamación judicial. La dueña le debe 76.400 euros de préstamo, 57.300 de los intereses de demora de tres años y 23.628 de las costas judiciales.
Todos los préstamos respaldados con estas propiedades que han acabado en manos de Francisco Gómez han sido firmadas por notarios que trabajan en la misma dirección de Madrid: Serrano, 41. El avalado con la casa de Carmen, ante el notario Ignacio Sáenz de Santa María. El del local comercial de Los Molinos, ante Valerio Pérez de Madrid y Pala. Y el del piso de Torres Miranda, ante Ángel Sanz Iglesias. En Stop Estafadores mencionan Serrano 41 como una de las direcciones notariales más frecuentadas por los prestamistas de Madrid. Allí ha firmado alguna vez también el famoso Antonio Arroyo.
Al habla con Crónica, el pasado jueves, Ignacio Sáenz de Santamaría, el notario ante el que se rubricó el préstamo concedido por Gómez Montoya al hijo de Carmen.
-¿Recuerda usted el caso?
-¿Se firmó en mi notaría? No lo sabía. Y fíjese que soy muy amigo del entrenador del Rayo [el equipo que se ha ofrecido a ayudar a Carmen pagándole un alquiler] y el otro día lo llamé y le dije: "Si esta señora necesita ayuda, que me llame a ver qué puedo hacer...".
-Y al prestamista, Francisco Gómez Montoya, ¿lo recuerda?
-No, tendría que mirarlo. Este será uno de esos que yo llamo usureros, vamos a hablar claro, son usureros... Aprovechan que la gente está achuchada, les prestan dinero y acaban quedándose con todo. Mira que yo les aviso, pero la gente viene agobiada y por mucho que les expliques las condiciones, que van a acabar quitándole la casa, se ven tan agobiados que firman.
-Luis dice que no se le explicaron bien las condiciones...
-En mi despacho sí. Siempre antes del escrito en papel timbrado se les entrega la escritura en papel blanco para que la revisen antes de entrar a firmar. Esta señora no tenía que haber firmado el poder a su hijo. ¿Sabe cómo les explico lo que van a firmar? Les digo: "Este esun poder de ruina. Sepa que si usted firma la pueden dejar en la calle".
-¿En su notaría hay algún tipo de connivencia con estos prestamistas usureros?
-No, no y no. A estos usureros les he ido poniendo todo tipo de dificultades para que no vengan porque no me gustan estos clientes.
La última vez que Gómez Montoya firmó en Serrano 41 fue en diciembre de 2009, precisamente el préstamo concedido con el piso de Carmen como aval. Entre 2002 y 2009, ha rubricado allí un total deocho préstamos con garantía hipotecaria. Tres fueron cancelados, es decir, los deudores devolvieron el préstamo. Otros tres acabaron, como se ha visto antes, con las propiedades a nombre de Gómez Montoya. A los otros dos, Crónica no ha podido seguirles el rastro.
Con todo, el caso de Carmen no es de los más graves. A fin de cuentas, su hijo rubricó el préstamo por muy abusivas que fueran las condiciones. «En muchos casos, la gran estafa es que se escritura mucho más dinero del que se entrega, o el préstamo se da mediante cheques nominativos que acaban cobrando los propios prestamistas», dice el abogado Aitor Ibarra, quien ha representado a decenas de afectados. "Tengo un caso muy sangrante en Barcelona. Mi cliente recibió 12.000 euros y los prestamistas se quedaron con bienes por valor de 400.000 euros: el piso de su madre de 85 años y un terreno con chalecito2.
En octubre pasado, un juzgado de Cartagena anuló el desahucio de una familia de La Unión que había pedido 23.500 euros a un prestamista barcelonés. Este, aseguró la familia al juez, había escriturado 57.000 euros de préstamo con la excusa de que así se lo exigían los inversores con los que trabajaba y la promesa de que no reclamaría esa cantidad. Pero acabó pidiendo los 57.000 y un 20% de interés anual. Las propiedades que el prestamista iba a ejecutarles valían 300.000 euros. La sentencia, un atisbo de esperanza para las víctimas de los usureros, calificó el contrato de "leonino".

Alojada por otra anciana

CARMEN DEL RAYO. "Qué buena es la gente, qué bien se están portando". Carmen, 85 años, repite la frase como una cantinela, sentada en un piso de Vallecas junto a Mercedes, 89 años, la mujer que la ha recogido mientras busca un piso que pagará el Rayo. El equipo vallecano ha abierto una fila cero que se inaugurará el 7 de diciembre frente al Sevilla: 5 euros de cada una de las 4.000 localidades irán a un fondo de ayuda a Carmen. Hasta entonces, tienen poco más de 50 metros y tres mini habitaciones, para seis: las dos ancianas, el hijo de Carmen, su pareja, y las dos hijas de ésta. DOS USUREROS. Luis, el hijo de Carmen y a quien ésta otorgó poderes, ya tenía una deuda con otro prestamista cuando se puso en manos de Gómez Montoya. En diciembre de 2008 pidió 42.000 euros a Pegerto López con unas condiciones más blandas: un interés anual del 6% y del 22% en caso de demora. Un año después recurrió a Gómez Montoya. Este le dejó 77.100, con los que Luis canceló lo que debía del préstamo anterior. Así, dice, sólo recibió 30.000. Las condiciones eran del 15% de interés anual y del 27% de demora. Tres años después le exigían 165.760 euros.