Cazador de millonarios
Hervé Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabajó para el banco en Ginebra.
Para muchos es un héroe cuya información permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados.
Suiza lo reclama a España al considerarlo un delincuente.
No hubo que hacer grandes esfuerzos para encontrarlo. Ahí estaba. Delante de sus narices. En la pantalla del ordenador frente al que había pasado los últimos seis años en la sede del HSBC de Ginebra tratando de mejorar los programas de bases de datos de clientes de uno de los primeros bancos del mundo. Lo que los ojos de Hervé Falciani estaban contemplando ese día de octubre de 2006 era oro puro. Información secreta. O al menos opaca. Datos protegidos por el sacrosanto secreto bancario suizo. Cuentas millonarias engordadas durante años por transferencias invisibles y flujos financieros de origen dudoso imposibles de trazar. De seguir. De investigar. Lo que este ingeniero informático de 34 años, casi recién salido del mejor instituto tecnológico de Francia, el Sophia Antibes, tenía delante eran miles de depósitos de ciudadanos y empresas extranjeras forjados a base de enormes sumas de dinero y colocados allí, lejos del alcance de sus respectivos Gobiernos para no pagar tributos. Ficheros que otros bancos de la competencia hubieran dado cualquier cosa por tener. Pruebas de delitos que habrían servido para chantajear a cientos de personas y exigirles dinero a cambio de silencio. Un tesoro para cualquier inspector de Hacienda. Una de las mayores bolsas de fraude jamás descubierta. Lo que estaba viendo Falciani, en suma, eran miles de millones en impuestos impagados. Por cobrar. En decenas de países.
La siguiente escena tiene lugar casi seis años después en el puerto de Barcelona. Es 1 de julio de 2012. Un barco, al parecer, procedente de Sète (Francia), trae a Falciani a España. El trayecto discurre en territorio Schengen, así que él cree que no hay riesgo de que le pidan la documentación. La Policía Nacional, sin embargo, ha decidido identificar a los viajeros. Es un control rutinario. No esperan a nadie. A lo mejor a algún inmigrante irregular... Pero al comprobar los papeles de este monegasco con nacionalidad francesa e italiana, casado y con un hijo, saltan las alarmas. Existe una orden de detención internacional contra él procedente de Suiza a pesar de que, para entonces, su información ha servido para destapar en toda Europa a miles de evasores fiscales y sacar a la luz cerca de 10.000 millones por los que no habían tributado. También en España. Berna lo considera un villano. Un ladrón. Es arrestado, y el Tribunal Federal de Bellinzona lo espera ahora para juzgarlo por robo de datos personales, vulneración del secreto comercial y violación del secreto bancario. Si la Audiencia Nacional decide extraditarlo, claro. Sus abogados recuerdan que ese delito no existe en España. Al contrario. La ley obliga a denunciar todo indicio de blanqueo.
Entre su genial descubrimiento y su arresto en Barcelona, la vida de Falciani es una precipitada huida hacia adelante. Seis años intensos en los que el informático se convierte en un fugitivo valorado en la medida de la información que tiene en su poder. Un delincuente al que juzgar y encarcelar para los que la pretenden destruir. Una especie de héroe, un Robin Hood digno de protección, para los que la quieren aprovechar. Una personalidad con claroscuros cuyas intenciones siempre han estado en tela de juicio. ¿Ganar dinero? ¿Colaborar con la justicia? Joven, inteligente, mediático... Esto es lo que pasó entre esos dos momentos.
Después de encontrarse con la valiosa información, en octubre de 2006, Falciani, nacido hace 40 años en Mónaco, casado y con un hijo, dedica día tras día parte de su jornada laboral a descargar esos datos en su portátil Mac. Durante más de dos años. Sistemáticamente. Indaga en las maniobras de ocultación de fondos del banco mientras pone en servicio una nueva aplicación para la gestión de clientes, prueba nuevos programas o soluciona problemas en las bases de datos. “Los bancos privados no están sujetos a ningún control y violan las leyes internacionales”, declara al diario italiano Il Sole 24 Ore en junio de 2010. “No es posible seguir los flujos de dinero y existe un sistema a escala industrial que usa las sociedades pantalla para esconder el dinero al fisco en paraísos fiscales”, añade.
En el número 2 del Quai del Général Guisan, la sede ginebrina del HSBC, a orillas del lago Léman, en pleno distrito financiero de la ciudad más importante de la Suiza francófona, nadie sospecha lo que ocurre en el departamento de sistemas. Falciani es un empleado más que llegó en 2000 de la filial de Mónaco. Sin conflictos con los compañeros o la empresa. Como cada día, acude a trabajar. Nada más. Nada raro. Hasta el 20 de marzo de 2008. Ese día estalla la tormenta. La Asociación Suiza de Banqueros (Swissbanking), la patronal del sector, lanza una alerta. Un tal Ruben Al-Chidiak, acompañado de una mujer llamada Georgina Mikhael, en nombre de una sociedad denominada Palorva, se había presentado el 4 de febrero en las oficinas del banco libanés Audi en Beirut. Su objetivo, siempre según Swissbanking, era negociar la venta de una base de datos de clientes de diferentes bancos suizos. Según la patronal, esa información se habría obtenido mediante piratería. Gracias a la interceptación electrónica de faxes que contenían órdenes de compra de fondos en las cuales aparecían los compradores. Esos dos individuos no lo han conseguido, pero el secreto bancario suizo, una de las señas de identidad del país, está en peligro.
La maquinaria judicial se pone en marcha. La policía descubre que detrás de la identidad de Ruben Al-Chidiak se esconde Falciani. El 20 de diciembre de 2008, el francoitaliano y su compañera de viaje son detenidos e interrogados, según la fiscalía suiza. El informático es puesto en libertad acto seguido y, al día siguiente, pone tierra de por medio. Quinientos dieciocho kilómetros exactamente. Hacia el sur. Se instala en Castellar, el último pueblecito francés de la Costa Azul pegado a la frontera italiana. A escasos kilómetros de Montecarlo, donde nació. En medio de los dos países de los que tiene pasaporte. Más allá de las garras de Berna, porque ni Francia ni Italia extraditan a sus nacionales. Pero Berna insiste. Quiere recuperar como sea el material que Falciani se descargó, y que la fiscalía y el HSBC consideran robado, y lanza una orden de detención internacional contra él. Pero en esta persecución desesperada Suiza comete un error de bulto. Sin dar demasiadas pistas sobre el contenido del ordenador del informático, pide a Francia que registre su domicilio, se incaute del portátil y le envíe los archivos.
20 de enero de 2009
El viceprocurador de la República en Niza, el número dos de la fiscalía de esa ciudad, se planta con un retén de policía en el número 2601 de la carretera de Condamine, en Castellar. Es la casa en la que Falciani y su familia se han instalado tras abandonar Ginebra. Tienen una orden de entrada para requisar “una serie de datos personales robados” que reclama la justicia suiza. La rutinaria diligencia se convierte en un hallazgo excepcional al inspeccionar el Mac. El viceprocurador, sobre el terreno, se da cuenta de que no son simples nombres, teléfonos, direcciones, correos electrónicos o números de documento. Se trata de nada menos que de 130.000 cuentas de supuestos evasores fiscales. Lo comunica sobre la marcha a su superior, el entonces fiscal de Niza, Éric de Montgolfier, que abre su propia investigación. Pero no contra Falciani, sino contra los supuestos defraudadores. La lista Falciani se queda en Francia. La información del exempleado del HSBC en Ginebra comienza a circular.
El asunto desata una crisis diplomática entre Francia y Suiza. Berna acusa a París de haberse quedado ilícitamente con unos datos robados. El Gobierno suizo llega a amenazar con no ratificar un tratado contra el fraude fiscal entre ambos países que debía entrar en vigor al año siguiente, en 2010. El Gobierno de Sarkozy, por su parte, responde amenazando con incluir a Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE. “Falciani negaba que los hubiera sustraído”, recordaba Montgolfier el pasado febrero al diario digital francés Mediapart. “Todo lo que sé es que fui yo quien se quedó con esos datos. No es Falciani el que me los ha enviado. Los recabé porque Suiza me pidió que lo hiciera sin decirme exactamente de qué se trataba”, continuaba el fiscal francés. “Lo supimos cuando los confiscamos. Era una información que concernía a nuestro país”.
La fiscalía suiza, sin embargo, tiene otra versión. Sospecha que Falciani ya había contactado con la agencia tributaria francesa antes del registro de su casa. El ministerio público de Berna asegura que, tras el fiasco de su viaje a Líbano, como botón de muestra, habría transmitido al fisco francés una lista de siete presuntos defraudadores franceses con cuentas en Suiza elaborada por él mismo. Que Francia, por tanto, ya sabía lo que se iba a encontrar en esa casa de Castellar.
Los franceses, sin embargo, consideran que esa información y el modo en el que la consiguieron son completamente lícitos. Los ficheros incautados contienen datos personales de 130.000 personas, sí, pero también sus saldos de cuentas, apuntes bancarios y notas e informes de visitas de estos al HSBC. Montgolfier, ayudado por la gendarmería, encuentra entre ellos a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses, entre personas y sociedades. El caso salta a los medios en agosto de 2009. El ministro de Hacienda del Gobierno de Sarkozy, Éric Woerth, anuncia estar en posesión de una lista de 3.000 cuentas suizas sin aclarar su origen. “Es la primera vez que disponemos de este tipo de informaciones, concretas, con nombres, números y haberes”, dice el ministro, que posteriormente reconocerá a Falciani como una de las fuentes de esa información. Woerth invita a sus titulares a acudir voluntariamente ante el fisco para regularizar su situación. Desde entonces, 4.200 personas se han presentado ante la inspección fiscal. Hasta el momento, Francia ha recuperado 1.200 millones de euros en impuestos impagados. Gracias a los datos de Falciani.
Los pocos nombres que saltan a la prensa francesa generan una sucesión de escándalos. El mayor, el de Patrice de Maistre, el asesor financiero de Liliane Bettencourt, propietaria del imperio L’Oréal, la mujer más rica de Francia, acusada de financiar de forma ilegal las campañas de la Unión por un Movimiento Popular (UPM), el partido del expresidente Sarkozy. Es el fiscal Montgolfier, no Woerth, quien revela la información y comunica que De Maistre aparece. El fiscal está sorprendido de que el ministro —también tesorero de la UPM— diga que en la lista hay 3.000 nombres cuando en realidad son 5.000. Entre ellos, junto al gestor de Bettencourt, también aparece Arlette Ricci, la heredera de la marca de perfumes Nina Ricci, ahora perseguida por fraude y blanqueo de dinero. Y políticos, como Jean-Charles Marchiani, mano derecha del exministro del Interior Charles Pasqua. Mientras el fisco francés investiga, Suiza sigue presionando para que Francia le devuelva el ordenador de Falciani. París no lo hace hasta febrero de 2010. Antes, la fiscalía envía copias a todos los países con los que tiene tratados de cooperación en materia fiscal y se lo solicitan.
24 de mayo de 2010
La información enviada por Francia ya está sobre una mesa de la sede central de la Agencia Tributaria (AEAT) en la calle Infanta Mercedes de Madrid. Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude diseñan la estrategia a seguir. Hay que actuar rápido. Y con cuidado. Porque el plazo de cuatro ejercicios en el que caducan las deudas tributarias en España está a punto de cumplirse. Tampoco parece conveniente acudir directamente a la fiscalía, porque cualquier tribunal podría considerar ilícito el origen del material e impedir que se utilice su valiosísima información. Se opta por recurrir a lo que los expertos en impuestos llaman “procedimiento de gestión”. Hacienda cita a los presuntos defraudadores que identifica y les invita a abonar lo que deben con el recargo de una sanción, lo que paraliza de forma inmediata la prescripción. Les exige lo que han dejado de pagar durante años con el recargo de una sanción. El juez solo debe utilizarse como último recurso. El objetivo es perseguir a los evasores corriendo el menor riesgo posible. La discreta operación antifraude la supervisa el director de la Inspección, Carlos Cervantes, que rinde cuentas ante el director de la AEAT, Luis Pedroche, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.
Solo cinco meses después, en octubre, Ocaña está en condiciones de asegurar públicamente que lo logrado gracias a los datos de Falciani en España es, hasta ese momento, “la mayor regularización de la historia del fisco”. Gracias a las 3.000 cuentas enviadas por Francia, Hacienda pudo identificar a 659 supuestos evasores con fondos en el HSBC de Ginebra. El dinero que sale a la luz, según fuentes no oficiales, supera los 6.000 millones de euros. En la lista aparecen hombres poderosos, como Emilio Botín, presidente del Santander, y algunos miembros de su familia, como su hija Ana Patricia. Aunque todos reconocen la propiedad de sus cuentas en el banco suizo y se muestran dispuestos a cooperar, Anticorrupción los denuncia por delito fiscal en la Audiencia Nacional ante el peligro de que la deuda prescriba. El juez Fernando Andreu archiva poco después el caso tras comprobar que el banquero había abonado lo que debía: 200 millones de euros. Ni la fiscalía ni los jueces han puesto en duda la validez del material aportado por el confidente francoitaliano. Hasta el momento.
También aparecen afamados evasores en el repertorio enviado a Italia. Entre los 6.963 nombres que contiene se encuentran los modistos Valentino o Renato Balestra. También Gianni Bulgari, joyero de renombre mundial. O Elisabetta Gregoraci, la esposa del patrón de la fórmula 1 Flavio Briatore. En total, la cantidad que ha escapado a la Hacienda italiana gracias a las cuentas en el HSBC asciende a 570 millones de euros, que solo se descubrieron por los datos acumulados por el exinformático del banco.
Hoy sigue siendo un misterio la intención con la que, sistemáticamente y durante casi dos años, Falciani descargó en su ordenador todos esos ficheros. Si pretendía colaborar con la justicia y denunciar la maquinaria que su empresa puso al servicio del fraude, como él mismo mantiene desde el principio, o simplemente vender esa información por una ingente cantidad de dinero, como sostiene la justicia suiza. A esta última tesis se ha sumado Georgina Mikhael, la mujer que lo acompañó en su viaje a Líbano en febrero de 2008. “El objetivo de Falciani era vender esos datos y conseguir dinero a cambio, no luchar contra Al Qaeda, como él dice”, declaró en enero de 2010 a Le Monde. “Creo que preparaba su golpe desde hacía mucho tiempo”, añadió. Los abogados del exempleado del HSBC, sin embargo, aseguran que una vez que la policía francesa se quedó con su ordenador, colaboró con ella para desencriptar los ficheros, sistematizarlos, cruzar datos y hacerlos más accesibles a los investigadores. “Lo que me empujó a denunciar fue la enormidad del fenómeno”, declaró Falciani en diciembre de 2009 a Le Figaro. “Al final del verano de 2006 alerté de esas irregularidades a la autoridades suizas, pero como no respondieron, me dirigí a las de otros países”.
Más allá de los servicios prestados, ahora que está en prisión por primera vez desde que estalló el escándalo, la pregunta es: ¿Puede Falciani proporcionar más información? ¿Sigue siendo útil para investigar nuevos delitos? En su primera comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, tras su detención en Barcelona, se ofreció a la justicia española para seguir colaborando. En la demanda de extradición enviada a España por la fiscalía suiza se dice que los datos que se llevó “describen parte importante, si no la casi totalidad, de las actividades económicas que el HSBC ha mantenido con sus clientes durante al menos los 10 últimos años”.
Solo 15 días después de su arresto, la subcomisión de Seguridad Interior del Senado de EE UU hizo pública su investigación sobre la falta de controles del HSBC para detectar el blanqueo de dinero. Tras un año de indagaciones, la Cámara estadounidense concluyó que los cárteles mexicanos de la droga se servían del HSBC para introducir dinero en EE UU y que su filial americana llegó a transferir 1.000 millones de dólares al banco saudí Al Rajhi, al que cree relacionado con Al Qaeda. Varios ejecutivos del banco han pedido perdón públicamente y la entidad ha provisionado 2.000 millones de dólares para hacer frente a las sanciones que les puedan imponer. Si los datos que el informático aún detenta son tan importantes como mantiene Suiza, quizá podría seguir ayudando. Si es así, a su lista de enemigos —la justicia suiza, uno de los bancos más potentes del mundo y miles de evasores de impuestos descubiertos— podrían sumarse peligrosos delincuentes. Él asegura que tiene miedo. Que teme por su vida. Es consciente de que vale lo que sabe. Que no le queda otra que huir hacia adelante.
Con información de Ana Teruel, Lucia Magi y Rodrigo Carrizo Couto.
