LA POLÉMICA SOBRE LOS SUELDOS ,INDEMNIZACIONES Y PREJUBILACIONES

Los directivos de las rurales se reparten el 9,1% de todo el beneficio de éstas

La polémica sobre los sueldos, indemnizaciones y prejubilaciones se extiende a todo el sistema financiero

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La ley sólo faculta al Frob a decidir las retribuciones de las instituciones cuando las controla, no sobre pagos anteriores

Publicado el martes 4 de octubre de 2011 

Á. G.– Las cajas rurales no se libran de la polémica generada sobre los elevados sueldos, las indemnizaciones multimillonarias y las generosísimas prejubilaciones en el sistema financiero a raíz de la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). El consejo de administración de la entidad alicantina se fijó una prejubilación de 12,8 millones de euros justo antes del desembarco del Frob. Y la directora general, María Dolores Amorós, no pudo cobrar una renta vitalicia de 370.000 euros anuales por la oposición de los administradores del Frob, que la despidieron sin indemnización. En Novacaixagalicia, su director general, José Luis Pego, se ha prejubilado con ocho millones de euros; el director general adjunto, Óscar Rodríguez Estrada, siete millones; y el que era responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, cinco millones, según fuentes no oficiales de la entidad. Días más tarde, el Frob pasa a controlar la entidad. Y en las cajas rurales, que no tienen problema alguno para cumplir con las nuevas exigencias de capital pero sí necesidad de mejorar su eficiencia, el sindicato CCOO denuncia que se quiere imponer la congelación salarial a los empleados cuando 184 directivos de estas entidades se reparten el 9,1% del beneficio. Y hay una entidad, la Caja Rural de Castellón, en la que tres ejecutivos cobran el equivalente al 91,9% del resultado de la entidad en 2010.

Para CCOO, "nadie en su sano juicio puede compartir que el problema de las cajas rurales, o al menos uno de ellos, esté en los gastos de personal derivados del salario de convenio". En su opinión, "la congelación salarial que pretenden las empresas representadas por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) puede llegar a servir para seguir engordando las retribuciones de lo que denominan en las memorias ‘personal clave'".

La Unacc propone congelar los salarios de convenio durante este año y el próximo. Pero según CCOO, "la congelación salarial no iba a suponer un ahorro económico pues los costes se iban por las rendijas de una clasificación profesional totalmente asimétrica que permitía que hubiera cajas rurales con casi el 90% de personal administrativo con unos gastos de personal/empleado de 47.000 euros/año".

Pero el dato más sorprendente es que, utilizando las Memorias Anuales de las entidades, se ha comparado la retribución del "personal clave" con el beneficio obtenido por las cajas rurales en 2010. El resultado es que el 10,63% de la plantilla se reparte el 9,1% del beneficio de las rurales y de otras cooperativas de crédito en el pasado ejercicio, lo que se traduce en 25,1 millones de euros sobre un resultado total de 275,89 millones.

En el caso más llamativo, la Rural de Castellón (integrada en el Grupo Cooperativo Cajamar), tres directivos se reparten 330.000 euros, cuando la entidad obtuvo un beneficio de 359.000 euros. Pero en la sevillana Rural del Sur, impulsora del Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito, son 2,33 millones para 13 ejecutivos, lo que supone el 13% del beneficio de la entidad. Y en la cooperativa de crédito Caja de Ingenieros son 2,47 millones para 15 directivos. Casi la mitad del beneficio: exactamente, el 49,4%.

Hay porcentajes que sin duda escandalizan: el 30.5% de la Rural de Salamanca, el 39,9% de la de Vilareal, el 26,4% de la cooperativa de crédito Caja de Arquitectos, el 27,2% de la Rural de Castilla La Mancha (la antigua Toledo) o el 36,1% de la de Soria. Pero es que en algunas entidades, como la Rural de Albacete o la de Teruel o la Central de Orihuela o Ipar Kutxa (en proceso de fusión con Bankoa) sólo hay un perceptor. Un directivo se lleva el 1,7% del beneficio de la rural vasca, el 6,2% de la de Teruel, el 2,6% de la de Albacete, el 8% de la Central de Orihuela. Como para no escandalizarse. O como señalan en CCOO, "cuesta mucho trabajo comprender cómo pueden siquiera pretender congelarnos el salario de convenio".

El escándalo suscitado por las prejubilaciones en la CAM, que le parecen escandalosas incluso al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), o la polémica generada por las de Novacaixagalicia no son, en realidad, más que continuación de un debate que nunca se ha cerrado del todo. Desde los multimillonarios planes de pensiones con los que Ángel Corcóstegui y José María Amusátegui dejaron el BSCH libre para Emilio Botín, hasta el de José Ignacio Goirigolzarri, en el BBVA, tras dar marcha atrás Francisco González a su anuncio de marcharse a los 65 años.

El caso Corcóstegui es paradigmático. Mucho escándalo, se llevó el asunto a los tribunales por parte de los abogados de Rafael Pérez Escolar (ya fallecido), pero éstos no vieron delito alguno. Por eso, MAFO hace tanto hincapié en "no hablar con las tripas" y en que el Banco de España debe mantener un "cuidado exquisito" con estas cuestiones, porque un pago puede ser escandaloso y no ser ilegal. El supervisor ya ha iniciado los oportunos expedientes, que son siempre sancionadores, pero es el Ministerio de Economía, y en última instancia los tribunales si se recurre a ello,s quienes deciden.

Lo que sí explican en el Banco de España es que no ha salido ni un euro del Frob, que es dinero público, para esos polémicos pagos. Porque la ley regula que sus inyecciones son para cumplir con las exigencias de capital. O para dar liquidez, con un préstamo por el que se cobra un elevado tipo de interés. No para pagar prejubilaciones ni bajas incentivadas ni despidos.

Si un directivo cobró por un expediente de regulación de empleo (ERE) o por un plan de prejubilaciones, al que también se acogieron otros trabajadores de la entidad, en principio es un pago legal. El Banco de España sólo puede abrir un expediente si se incumpla la normativa bancaria.

Otra cuestión es cuando entra en el capital de una entidad. Entonces tiene que defender el dinero público, y debe examinar la política retributiva de toda la institución (consejeros y directivos incluidos). La norma contempla que el Banco de España puede imponer restricciones a la retribución variable de consejeros y directivos de una entidad cuando se produzca el incumplimiento "coyuntural" de hasta el 20% de la ratio de capital. Pero el Frob no se puede meter, por muy escandalosos que puedan resultar, con pagos realizados por las entidades antes de asumir el control de éstas.